Una estampa atemporal

por Halina Gutiérrez Mariscal *

Se convocó a una reunión para el 4 de agosto que tenía la intención de culminar en una manifestación por las calles de la ciudad. La marcha había sido convocada por los maestros, y a la convocatoria había acudido un numeroso grupo de personas, entre maestros, estudiantes y padres de familia. Desde las 6:30 de la mañana, fuertes destacamentos policiacos rodearon el edificio del que saldría el contingente. Aunque a dicho inmueble sólo se permitiría la entrada a quienes fuesen identificados como alumnos o docentes del plantel, previa identificación, el cerco fue ingeniosamente burlado y la policía levantó la valla.

Dentro del edificio, la multitud discutía la conveniencia de realizar aquella manifestación que culminaría en el zócalo de la capital. Después de unas horas, un contingente de unas diez mil personas decidió marchar hacia la plaza. Los testimonios dan fe de que las personas iban en orden, caminando pacíficamente. En algún punto un grupo numeroso de granaderos les salió al paso. En cuestión de minutos el contingente quedó rodeado por el frente y los lados. En la retaguardia apareció un escuadrón de la policía montada. Los jinetes habían despejado las calles de público, para aislar a los manifestantes.

Una vez cercados, y sin posibilidad de escapar, mil quinientos policías armados con sables, pistolas, macanas y granadas de gas lacrimógeno golpearon violentamente a esta manifestación pacífica organizada por docentes que llevaban cerca de dos meses en paro, demandando respeto a la democracia sindical. Según la información de algunos medios, además de los policías uniformados hubo en el lugar centenares de agentes secretos, armados con macanas metálicas y pistolas, cuatro dotaciones del cuerpo de bomberos y un numeroso grupo de agentes de tránsito que auxiliaron a la policía en el traslado de detenidos y en golpear a algunos manifestantes. El resultado fueron al menos tres centenares de manifestantes heridos, algunos de gravedad.

La acción policial parece indicar que el objetivo del operativo no era disolver a los manifestantes, sino cercarlos, cerrar todas sus salidas, y golpear. Los manifestantes, asustados, buscaron refugio en los domicilios y negocios particulares que les salieron al paso. Algunos incluso se metieron debajo de los automóviles estacionados. Quienes tenían la desgracia de caer al suelo recibían patadas, palos, macanazos y culetazos. La violencia fue pareja: afectó a mujeres, niños, estudiantes, maestros, padres de familia. Los policías llegaron al exceso de introducirse a varios domicilios particulares para, a golpe de macana, sacar a varios jóvenes que se habían refugiado ahí.

La maestra Artemisa Estrada intentó ayudar con un botiquín a un joven que había caído al suelo. Fue interceptada por tres agentes que le quitaron el botiquín y la golpearon con los puños. Al final de la jornada, Artemisa Estrada terminó en un puesto de socorro de la Cruz Roja con varias costillas rotas y contusiones profundas en el tórax. Algún testigo incluso relató que un agente, navaja en mano, le amagó mientras su domicilio era registrado en busca de estudiantes. Fotógrafos de prensa y periodistas que cubrían los hechos también reportaron agresiones por parte de los granaderos.

Por la noche, la procuraduría capitalina difundió un boletín de prensa que a la letra decía: “ninguna de las lesiones fue grave, salvo las causadas a los oficiales de la policía José Luis González y Enrique Gómez Arroyo.” Las versiones no oficiales hablaron de al menos tres personas que se debatían entre la vida y la muerte: Roberto García Guzmán, de 14 años, quien resultó con tres costillas rotas y el ilíaco fracturado, así como con desviación de vértebras; la ya mencionada profesora Artemisa Estrada González, también con varias costillas fracturadas y contusiones profundas de tórax, y el estudiante Pedro Castillo Aguilar, de 18 años. Aunque la Cruz Roja y la Cruz Verde ocultaron el número de personas atendidas, algunos medios calcularon, por el ir y venir de ambulancias con heridos, en quinientos el número de lesionados.

Según la procuraduría capitalina, los responsables de los hechos fueron los maestros, quienes “se empeñaron en alterar el orden con una manifestación para la que no se había concedido el permiso previo de la autoridad, de acuerdo con los reglamentos aplicables, constituyendo ese desacato una falta que ameritó su represión”. La procuraduría se abstuvo de dar a conocer los “reglamentos aplicables” a los que se hizo referencia.

Dos días después de los hechos, el 6 de agosto, fue enviada a todas las redacciones de medios, desde la oficina de prensa del Senado, una declaración que anunciaba que los legisladores, después de examinar en reunión la situación del país, habían llegado a la conclusión de que “detrás de las agitaciones de los últimos días se encuentran elementos suficientes para considerar que hay una conjura, aunque de limitados alcances, para crear y mantener en la capital un clima de desorden” y que en vista de ello se había integrado una comisión del congreso para investigar los acontecimientos. La nota arremetía contra los intelectuales que un día antes se habían pronunciado en contra de los hechos de represión policial, diciendo que se trataba de individuos que “escudados en el principio de la libertad de pensar y de exponer cualquier doctrina que existe en nuestro país, en realidad están dedicados a luchar contra esa misma libertad, que quisieran que el gobierno no permitiera a sus contrarios”.

Varios senadores y diputados del PRI hicieron publicar en los diarios un manifiesto a la opinión pública en el que refutaban, sin citarla, la protesta publicada un día antes por un grupo de intelectuales y artistas diciendo:

En esta ciudad de México se han registrado en los últimos años desórdenes en los cuales, invocándose la inconformidad de algunos grupos, los manifestantes han impedido el tránsito en las calles, asaltado comercios y vehículos, vejado mujeres, golpeado transeúntes e injuriado a personas e instituciones. Con frecuencia se busca, con tales actos tumultuosos, presionar a las autoridades para inclinar sus decisiones en determinado sentido. Esta viciosa práctica debe desterrarse, porque en un estado de derecho la autoridad ha de actuar siguiendo las prescripciones de la ley, sin que se pretenda torcer su aplicación con la amenaza de grupos irresponsables.

Cabe señalar que la declaración no citó ningún grupo ni hecho en concreto. El mismo documento continuaba:

No somos partidarios de la violencia, sin embargo consideramos que el Poder Público [sic] no puede adoptar una actitud pasiva frente a grupos que previamente anunciaron su actitud de desacato y desafío a las autoridades. Reconocer como legítimas las manifestaciones desordenadas y peligrosas para la tranquilidad pública, abriría las puertas a la anarquía. No puede confundirse el derecho que la constitución otorga a los ciudadanos para reunirse libremente y expresar sus ideas, con la confabulación para actividades ilícitas.

Los hechos relatados, que podrían haber sido una nota de hace unos días, ocurrieron el 4 de agosto de 1960, durante el gobierno de Adolfo López Mateos. La manifestación fue convocada por la sección IX del SNTE, exigiendo respeto a la democracia sindical. El contingente agredido por la policía salió del edificio de la Escuela Nacional de Maestros, ubicado en la calzada México-Tacuba. Los hechos tuvieron lugar a la altura de la avenida Instituto Técnico, que hoy forma parte del Circuito Interior. La narración se ha hecho a partir de las notas de prensa de los días 5 a 9 de agosto de 1960 de los diarios Excélsior, Novedades y La Prensa, y de la revista Política.

Represión policiaca en 2014

Represión policiaca en 2014. (Foto de 7boom.)

Los pronunciamientos públicos, desde diversas instancias y personas, continuaron en los días siguientes, condenando las acciones policiales por los hechos del 4 de agosto de 1960. Las voces reprobatorias procedieron incluso de grupos y organizaciones que condenaban el movimiento magisterial. Hubo varias movilizaciones subsiguientes, que también fueron reprimidas, y algunas personas terminaron en prisión, acusados del delito de disolución social. Célebre entre ellos fue David Alfaro Siqueiros.

Cincuenta y cinco años han pasado. Hoy  de nuevo gobierna el PRI. Las acciones policiales ante la disidencia, las manifestaciones e incluso la prensa guardan aterradoras semejanzas.  La postura oficial ante ese tipo de hechos parece una calca vulgar de aquellos argumentos ya citados.

La historia no se repite. En absoluto. Los regímenes que perpetúan formas, procedimientos y relaciones, incluso bajo  los mismos emblemas y nombres, sí.

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