Cárdenas en perspectiva

por Wilphen Vázquez Ruiz *

El 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, nació uno de los personajes más icónicos de la historia moderna de nuestro país y que continúa siendo —a pesar del tiempo— una referencia ineludible y obligada para la discusión y el entendimiento del México contemporáneo. Muchas de sus decisiones condicionaron, en buena medida, el devenir de los gobernantes que le sucedieron hasta la segunda década del presente siglo. Su nombre: Lázaro Cárdenas del Río.

La figura de Cárdenas representa, quizá como ninguna otra, la forma en que un revolucionario pudo transformar realmente el tejido social de su época a pesar de ser un hombre del régimen. La principal de sus obras no logró ser modificada sino hasta por la presente legislatura. Nos referimos por supuesto a la expropiación petrolera —cuya reversión reciente ha sido expuesta detalladamente en estas “páginas” y en la cual no ahondaremos.

Si bien la expropiación petrolera fue tal vez la mayor proeza de Cárdenas no fue, ni de lejos, la única. Ya desde la época en que era gobernador de su estado, el michoacano dio muestras de lo que sería capaz. En su campaña contra los cristeros consiguió la pacificación con un derramamiento de sangre por demás menor. Su valentía y capacidad política le condujeron en su momento a entablar un diálogo con los líderes regionales de este movimiento en sus propios centros de operaciones, persuadiéndolos para que se rindieran. Habiendo recibido un millón de pesos en efectivo para la campaña militar, al término de la misma devolvió 700 mil a la tesorería: ¿a quién podemos imaginar hoy haciendo algo semejante? En materia educativa, Cárdenas abrió un centenar de escuelas por cuenta del gobierno del estado, consiguiendo además, que se abrieran otras 300 a cargo de los patrones y propietarios de fincas, todo esto al tiempo que impulsó la reforma agraria a nivel local de manera notable.

Ya en la presidencia, amén de la expropiación petrolera, también clausuró las casas de juego, impulsó la ley de creación del INAH y ordenó la nacionalización de los ferrocarriles por causa de utilidad pública. En materia de reparto agrario, entregó más de 18 millones de hectáreas, creando además algunas entidades bancarias en apoyo a los campesinos (sin excluir a aquéllos de origen indígena). En lo político, decidió la expulsión de Plutarco Elías Calles en 1936, cuando éste pretendió intervenir en las decisiones tomadas por su gobierno. El maximato no tendría cabida durante su gestión. Y en cuanto a las pretensiones que los estadounidenses tuvieron de someter el conflicto petrolero con México a instancias internacionales, la negativa de Cárdenas fue tan sencilla como rotunda, al rechazar cualquier intervención que atentara contra la soberanía nacional.

No hablaremos en este espacio acerca de las acciones en las que se involucró o dejó de hacerlo y que derivaron en que el abanderado del régimen para el siguiente periodo presidencial fuera Manuel Ávila Camacho y no Francisco J. Mújica. Sólo nos limitaremos a decir que su postura reflejó nuevamente su visión de estadista en un momento en que los conflictos dentro del sistema político nacional —a pesar de la serie de cambios y agrupaciones que Cárdenas favoreció para tratar de lograr un equilibrio entre los diferentes actores y grupos de poder en el país— hacían patente la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre los actores beligerantes.

Tras dejar el cargo de primer mandatario de la nación, Cárdenas continúo jugando un papel importante en la vida política nacional. Para este texto quisiera resaltar dos pasajes en particular. El primero se refiere a que, siendo secretario de Guerra durante el mandato de su sucesor, y a pesar de la orden directa de éste para permitir la presencia y el establecimiento de una base militar estadounidense en las costas del pacífico mexicano —a causa del conflicto bélico entre Estados Unidos y el imperio japonés—, la negativa de Cárdenas no sólo fue rotunda sino también exitosa, lo cual sin duda fue uno de los elementos que a la postre impidieron que los vecinos del norte lograran establecer base militar alguna en territorio nacional, a diferencia de lo que sucedió en otras nacionales latinoamericanas.

El segundo se refiere a la simpatía que mostró hacia algunas figuras relevantes, ya fueran connacionales o no, como fueron Fidel Castro, a quien ofreció sus servicios como militar —en un acto, a mi parecer, más de buena voluntad que de importancia significativa no sólo por la edad del ex presidente sino por la diferencia de contextos con las circunstancias en que se desenvolvió la revolución cubana—, lo cual le fue impedido por el gobierno federal en turno, así como el cobijo que dio a personajes como Julio Scherer García cuando éste se volvió una molestia notoria para el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

Al inicio de este comentario mencionamos que la figura de Cárdenas continuó y sigue siendo una referencia obligada para los políticos que le sucedieron y con los cuales bien vale la pena establecer una comparación, ya sea por lo que se piensa que pudieron haber sido o por lo que realmente son. Me referiré a dos casos en concreto: Luis Donaldo Colosio Murrieta y Enrique Peña Nieto.

¿Qué hay del político sonorense asesinado en Lomas Taurinas en 1994?, ¿por qué mencionarlo ahora? Más allá de que en fecha reciente se cumplieron 21 años de su asesinato, Colosio ha llegado a ser pensado por algunos como el hombre que dentro del Partido Revolucionario Institucional habría buscado una transformación radical del aparato político mexicano y del tejido social de nuestro país. Probablemente la razón fundamental de ello se basa en el discurso que dio, ya como candidato presidencial por el PRI, el 6 de marzo de 1994 —a escasos días de su asesinato.

En él, Colosio Murrieta reconoció la marginación indígena, el abuso de las autoridades a todos los niveles, la arrogancia de las oficinas gubernamentales, la necesidad imperiosa de solucionar el conflicto en Chiapas y la de mejorar las condiciones de vida de la población. Más importante aún, resaltó la incapacidad que había tenido su partido en materia social, al tiempo que anunciaba la intención de que el poder cuasi absoluto que caracterizaba al presidente del país en turno fuera sucedido por un sistema político en el que el equilibrio de poderes y la competencia y transparencia electoral fueran la norma. Quizá por ello su asesinato no se hizo esperar. ¿Puede pensarse que Colosio habría sido el gran reformador, el gran estadista que requería el país?

Pienso que no. A diferencia de Cárdenas, Colosio tuvo una carrera que reflejó su talante como político, no como estadista y, más aún, en vida sus acciones no apuntaron jamás a que fuera el visionario que muchos pensaron o aun piensan que pudo haber sido. Habiendo ingresado al Revolucionario Institucional en 1968, Colosio llegó a ocupar una diputación y una senaduría en la década de los años ochenta, justo cuando la política económica de su partido destrozaron la economía del país. En 1988 ocupó la presidencia nacional del PRI y por ello fue quien levantó la mano victoriosa de Carlos Salinas de Gortari tras la elección de ese año. Durante el gobierno de este último, Colosio fungió como secretario de Desarrollo Social y aplicó en ese rubro las políticas que caracterizaron al gobierno de Salinas.

En su discurso del 6 de marzo de 1994, Colosio se centró en una crítica muy severa al partido oficial y al presidencialismo, mas no considero que se haya referido a la necesidad de transformar no sólo al poder sino también al modelo económico. De hecho, la única mención que hizo al respecto fue su intención que el artículo 27 constitucional realmente se viera reflejado en una justicia, libertad y reparto agrario efectivo para los campesinos. Aparte de eso, señaló la necesidad de impulsar un desarrollo regional que canalizara los recursos a fin de mantener la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, hidráulica y energética, así como para lograr una educación de calidad. Así entonces, ¿Colosio se refería al mantenimiento de la infraestructura para su buen funcionamiento en aras de que respondiera a la política económica de la que él fue promotor, o se refería a que tal infraestructura fuera mantenida, mejorada y ampliada por el estado?, ¿cabe pensar que quien fuera uno de los operadores políticos más cercanos y eficientes del otrora “innombrable” Salinas de Gortari sería diferente a él, a ellos? Cada quien habrá de sacar sus conclusiones.

Por último, hacemos mención a Enrique Peña Nieto. A diferencia de otros mandatarios que le precedieron, Peña Nieto consiguió lo que muchos soñaron sin lograrlo: cambiar la constitución para que los veneros que el diablo entregó a este país dejaran de ser propiedad exclusiva de la nación y un área estratégica —reservada únicamente al estado— para pasar a ser prioritaria, es decir un área en la que el estado, si bien tiene injerencia y la obligación de proteger la seguridad y soberanía nacionales, no excluye el otorgamiento de concesiones o permisos para la explotación de tales recursos.

Aunada a esta reforma se han aceptado otras referentes a la educación, las telecomunicaciones, la producción de electricidad y la explotación de minerales, cuyos resultados —por la razón que se quiera— no han producido mejoras ni dividendos para el país. En cierne, además, se encuentra una reforma que se dirige a cambiar el régimen que reglamenta hasta ahora la posesión, el control y la distribución de agua dulce —por demás escasa en la mayor parte del territorio nacional.

Debemos señalar, además, que las transformaciones que han permitido lo anterior —y las que puedan obtenerse en un futuro cercano— se han logrado con el aval de las que hasta ahora han sido las tres principales fuerzas políticas y los satélites de algunas de ellas. En cuanto a la llamada sociedad civil, si bien ésta se pronunció mayoritariamente en contra de la reforma energética, una vez más no fue capaz de contrarrestar las decisiones tomadas por las elites políticas y empresariales. Un fracaso, sin duda, pero que no implica una derrota total; baste señalar que en lo referente al tema del agua, la presión de la sociedad civil fue lo suficientemente consistente como para que el asunto fuera detenido de manera momentánea, mas no resuelto en forma definitiva. De todos nosotros dependerá que muchas de estas decisiones se reviertan en pro de la preservación de un pacto social que tenga como base primera y última el bien común.

El espacio no nos permite extendernos más en este comentario, pero quisiera cerrarlo apelando a la necesidad que tenemos, todos en este país, de llevar a cabo ejercicios de reflexión que nos permitan valorar de la manera más adecuada posible las acciones de los individuos que se hallan en la cima de su poder, así como la relación que sus actos y decisiones guardan con nosotros, todo ello para que la historia, como señala Pedro Salmerón, no sea falsificada ni —añado— olvidada.