Los retos del tercer estado

por Daniela I. Cárdenas Ruíz *

Desde hace meses, México ha sido foco de atención para los medios de comunicación internacionales. Parecería incluso que nos han revelado una crisis que la mayoría de los mexicanos ignoraba o prefería ignorar. La situación que atraviesa el país nos obliga a cuestionar y a replantear una serie de asuntos relativos al funcionamiento, las formas y la eficacia del estado mexicano, pues son las instituciones del estado las que deben garantizar la estabilidad política, económica y social en el país… tarea para la que se han mostrado incompetentes en más de una ocasión.

El libro de Luis Medina Peña, Hacia el nuevo estado: México, 1920-2000 (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), me llevó a repensar la gravedad del caso mexicano y los retos que deben ser enfrentados para una transformación óptima del país. En este texto, Medina Peña plantea la existencia de tres estados en México. El primero de ellos se instauró con la constitución liberal de 1857 y culminó con el derrocamiento de Porfirio Díaz. Según Medina, a pesar de la modernización económica, este primer estado no resultó efectivo debido a que la democracia, que planteaba la constitución, quedó limitada a una pequeña elite y como consecuencia no había reconocimiento ni inclusión de otros grupos sociales —lo que derivó en el levantamiento de los maderistas y con ello el inicio de la revolución.

El segundo estado mexicano, el posrevolucionario, estaba definido por la constitución de 1917, la cual reconocía los derechos de nuevas fuerzas sociales y, entre otros aspectos, resultaba innovadora porque otorgaba al estado facultades en materia económica y lograba la inclusión de otros sectores sociales. Según lo que plantea Medina Peña, es posible dilucidar que el fin del segundo estado fue producto de una serie de elementos como el movimiento de 1968, la crisis económica de 1982 y las reformas a la constitución posteriores a la crisis electoral de 1988.

El “tercer estado”, de acuerdo con Medina, se encuentra en construcción y se enmarca en un proceso de redefinición de las relaciones políticas, económicas y sociales que incluyen la “descentralización” del poder y el reconocimiento de nuevos actores políticos. Al respecto, nos dice:

Lo singular de este tercer estado no son sus rasgos, por lo demás compartidos por otros países de similar desarrollo, sino que despunta por la vía de la transformación pacífica y no la revolucionaria. Pero cualquiera que sea el apelativo, resolverla y culminarla pacíficamente [la transformación] es, sin duda, el reto mayor que haya tenido generación alguna de mexicanos. [21-22]

Éstas son palabras que nos llevan a pensar en la ausencia del estado en gran parte del país, en el vacío de poder y la situación de violencia que todo ello ha generado. Actualmente, la situación nacional nos brinda elementos suficientes para afirmar que el reconocimiento de ciudadanos y de movimientos como nuevos actores políticos tiene sus límites, pues cuando estos actores hacen valer sus derechos, son atacados de manera cínica e inhumana.

Monumento al estado fallido, en Oaxaca. (Foto: Quadratín.)

Monumento al estado fallido, en Oaxaca. (Foto: Quadratín.)

Si hacemos un replanteamiento de los retos del tercer estado hallaremos que al inicio de la agenda se encuentra una profunda crisis en materia de derechos humanos. En efecto, los medios de comunicación internacionales y algunas organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han encargado de insistir en esta situación y hasta el momento el gobierno mexicano no ha dado una respuesta clara al respecto; mucho menos ha tomado cartas en el asunto.

La seguridad individual, la libertad de expresión, la prohibición de prácticas como torturas, tratos inhumanos o detenciones arbitrarias —por mencionar algunos— son derechos de todo ser humano que en nuestro país suelen ser quebrantados a plena luz del día y de manera sistemática. El reto de este tercer estado consiste en atender la crisis de seguridad y derechos humanos por la que atraviesa. Y aunque no podemos reducir a estos dos aspectos la problemática nacional, es fundamental que se resuelva a la brevedad posible pues un estado incapaz de garantizar estabilidad a los ciudadanos, no puede tenerla él mismo.

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