por Luis Fernando Granados *

Comencemos con una obviedad: en apenas cinco meses, entre la aprobación de la segunda parte de la “reforma energética” (agosto) y los tres desastres del otoño de 2014 —el secuestro de los 43 de Ayotzinapa (septiembre), la revelación de los negocios inmobiliarios de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray con Juan Armando Hinojosa (noviembre-diciembre) y la devaluación subrepticia pero constante de la moneda nacional (diciembre)— se disolvió la imagen que el gobierno federal había intentado construir de sí mismo desde su entronización en diciembre de 2012. Carlos Salinas no pudo tener un discípulo más aventajado: como hace veinte años, el que iba a ser el annus mirabilis del gobierno de la república terminó siendo el primero de su debacle —y de su ridículo en el mundo entero.

Es un poco menos obvio que el fracaso publicitario del gobierno ha supuesto también un cambio en la correlación de fuerzas entre los partidarios del nuevo-antiguo régimen y las organizaciones, movimientos y personas que hace poco más de dos años y medio intentaron frustrar el regreso del PRI a la presidencia de la república y más tarde —aunque con tibieza preocupante— se opusieron a las reformas constitucionales que hoy permiten la participación privada en todos aspectos de la producción y comercialización de hidrocarburos. Es decir: si a partir de julio de 2012 el empuje político del peñanietismo pareció crecer de manera inversamente proporcional al movimiento social que se le enfrentó de manera tan original como inusitada en aquel año, el inesperado surgimiento (o más bien: resurgimiento) de un movimiento opositor en el año del bicentenario de la constitución “de Apatzingán” parece haberse alimentado de la sucesión de tropiezos e insensateces cometidos por las autoridades federales y sus consortes.

Como los yerros gubernamentales han sido mucho más graves que todas las limitaciones o contradicciones de la movilización provocada por el desplante del candidato Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, es fácil comprender por qué la exigencia de que aparezcan los normalistas secuestrados por la policía de Iguala —con la aquiescencia y posiblemente complicidad de la policía federal y el ejército— ha sido compartida lo mismo por sectores sociales habitualmente reacios a contradecir las verdades oficiales como por aquéllos que ya en 2012 renegaban de la política convencional, o sea algunos de los periodistas más convencionales y casi todos los ultras. Pero es más o menos evidente que se trata del mismo movimiento: el protagonismo de las comunidades universitarias en ambos casos, así como la marginación de los partidos políticos opositores, parece indicarlo con claridad.

Advertir la continuidad entre el movimiento antipriista de 2012, el balbuceo antiprivatizador de 2013 y la inmensa ola de indignación de 2014 puede darnos una clave para comprender de mejor modo el momento en que se encuentra el país; puede ayudarnos a reconocer que la crisis, lejos de ser política o institucional, es efectivamente sistémica, y que el conflicto social de los últimos meses es apenas la expresión de una disputa más antigua sobre el carácter del estado y la naturaleza del pacto social mexicanos. O más bien: si interpretamos los sucesos de fines de 2014 en relación con el frustrado movimiento de 2012 y, sobre todo, con la conmoción que supuso la “reforma energética” entre fines de 2013 y mediados de 2014, acaso sea más fácil comprender el sentido último de la tragedia de Iguala y el insulto de la Casa Blanca.

Como lo que está en curso es una sacudida de gran calado —se trata de una transformación epocal—, a nadie debería sorprender que sea difícil precisar sus contornos o que los “datos” que permiten su caracterización tiendan a ser borrosos y equívocos. Salvo en los libros de texto, los momentos de inflexión histórica no ocurren con la nitidez que proclaman los diagramas (como esos que “explican” la destrucción del orden colonial español en América con una lista de causas y consecuencias); más bien se experimentan como una concatenación caótica de palabras y acciones contradictorias (como las de esos indios, mestizos, negros y castas “tradicionalistas” que destruyeron el sistema colonial en Nueva España sin dejar de ser buenos católicos). En asuntos de esta envergadura, es todavía más cierto que la liebre salta donde menos se la espera.

En otras palabras: dado que el congreso federal concluyó su labor “reformista” apenas dos meses antes del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, me parece que la revuelta civil de 2014 puede verse como una “respuesta” al intento de acabar con el monopolio del estado en materia de producción y comercialización de hidrocarburos; una respuesta evidentemente oblicua y poco articulada, difícilmente documentable desde el empirismo, pero tan clara en su sentido simbólico como el de las multitudes que salieron a “coger gachupines” en nombre del gachupín Fernando VII. Más todavía, me parece que es posible interpretar el movimiento estudiantil-popular que comenzó en octubre pasado como la oportunidad que encontró una parte de la sociedad  para frustrar el desmantelamiento de la utopía cardenista. Para frustrar, efectivamente; pues, ¿quién querrá ahora invertir en un país donde la policía y el ejército son indistinguibles de las organizaciones criminales y donde ha quedado inequívocamente establecido que no existe el estado de derecho? (Y ello incluso antes de que el derrumbe de los precios del petróleo convirtiera esa fantasía neoliberal en un sueño guajiro.) En ese sentido, y no obstante que el meollo de la coyuntura sigue obviamente requiriendo solución —el esclarecimiento del crimen de Iguala y el cochinero de la Casa Blanca—, las multitudes que no han dejado de manifestarse desde principios de octubre pasado bien pueden reivindicar una victoria táctica muy significativa.

La redacción de El Hijo del Ahuizote en 1903
La redacción de El Hijo del Ahuizote en 1903

En un sentido más profundo, no obstante, la movilización de los últimos meses y insensibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto han puesto de manifiesto hasta qué punto el gran debate sobre la naturaleza del estado y el pacto social mexicanos sigue todavía irresuelto o, lo que es lo mismo, qué tan hondo ha calado en la constitución del país la ofensiva neoliberal de los últimos 30 años. Aunque el tejido social no ha terminado por disolverse, y por todas partes florecen movimientos e iniciativas de buscan contener el desmoronamiento del estado posrevolucionario y aún construir un orden comunitario posliberal, es dolorosamente obvio y aterrador que la pauperización del trabajo, el crecimiento de la desigualdad, el colapso del monopolio estatal sobre la violencia y la atrofia del régimen político han minado hasta lo más profundo el “compromiso” colectivo que, con todos sus asegunes, resultó de la revolución de principios del siglo XX. (Pero no nos escandalicemos porque la revolución no fue lo que nos gustaría que hubiera sido; “régimen revolucionario” es en sí mismo un oxímoron que sólo puede existir como resultado de una negociación.)

En cierto modo, lo que revela el encontronazo entre el movimiento social en favor de los normalistas desaparecidos y la ineptitud arrogante del gobierno federal es que ni uno ni otro, y más bien las fuerzas sociales subterráneas que los animan y de las que son expresión, han tenido la fuerza suficiente ya para preservar el compromiso revolucionario, ya para sustituirlo de manera definitiva —y no se diga inventar algo diferente—. Creo que a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de “crisis constitucional”; no que la ley suprema promulgada el 5 de febrero, 1917, haya dejado de tener vigencia, sino que el pacto social que torpe y oblicuamente se refleja en ese documento ha sido violentado de manera tan profunda e irreversible que la existencia misma de la nación —o, más sensatamente, como dice Adolfo Gilly, de la república— ha quedado en entredicho. De ahí que no baste imaginar un sistema eficiente de rendición de cuentas, aspirar a que los gobernantes sean personas honorables o propugnar por el establecimiento de una “cultura de la legalidad”. El problema es más bien que, ante la falencia del estado y la erosión de las reglas y el sentido mismo de la convivencia, lo que está en juego —aunque suene melodramático— es el propósito mismo de esta sociedad. Por eso se antoja necesario (urgente, indispensable) volver a discutir los fundamentos mismos de nuestra comunidad política.

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