por Fidel B. Alfaro

Hablar de regímenes democráticos en el siglo XXI implica una serie de sobreentendidos que se han acumulado en el imaginario de la ciudadanía. Ahora el término democracia no sólo remite al ejercicio del voto, la representatividad y el respeto de la voluntad ciudadana, sino que además involucra cuestiones como el respeto a la diversidad, el acceso a la información pública, la responsabilidad que implica ejercer la ciudadanía, los medios de comunicación y la equidad en la competencia y el uso de recursos en las campañas electorales —así como un sinnúmero de cuestiones más que han ensanchado el concepto, añadiéndole elementos que la han enriquecido y la han hecho más compleja.

La cuestión del tipo de gobierno más conveniente para el país ha sido recurrente a lo largo de la vida independiente de México. Los modelos de tipo representativo y democrático han estado, salvo contadas excepciones, entre los favoritos de los políticos mexicanos, ya sea que se inclinen hacia la derecha o hacia la izquierda. Gran cantidad de material se ha escrito con el fin de dilucidar en lo que han resultado los ensayos políticos nacionales, y mucho se ha opinado sobre cuál sería la manera más conveniente de alcanzar un gobierno democrático.

Es un hecho innegable que las cuestiones electorales han estado íntimamente relacionadas con la búsqueda de la representatividad a lo largo de nuestra historia, lo cual puede verse en la enorme cantidad de leyes electorales que se han emitido desde que México iniciara su vida política como país independiente: 47 documentos tan sólo entre 1812 y 1921.

Esta elevada cantidad de leyes de comicios revela cómo la celebración de elecciones, dentro de determinados marcos legales, ha contemplado siempre proporcionar cierto nivel de respeto a la voluntad de los electores, protegiendo al sistema de un fraude. ¿Cómo es que las elecciones han presentado a lo largo de todo el siglo XX situaciones de excepción, que en vez de legitimar al régimen lo han deslegitimado y han contribuido así a la aparición, unas veces más evidente que otra, de fuerzas políticas de oposición?

En México, la muy larga duración del primer régimen priista (estamos ahora en su segundo aire), con su manoseado discurso revolucionario, permitió una serie de situaciones, fuera de la ley algunas de ellas, que fueron aceptadas tácitamente y que deformaron las prácticas políticas y muy particularmente las prácticas electorales. Para este particular régimen mexicano, la celebración de elecciones fue un baluarte, casi un ritual, que le permitió controlar a la oposición, conocerla, medirla, y que además le dio elementos argumentativos para autodenominarse democrático y remitirse a los resultados electorales como una demostración de la sanción ciudadana.

Esos frecuentes y puntuales ejercicios electorales hacen evidente que, en el imaginario del ciudadano mexicano, la limpieza de las elecciones a lo largo de todo el siglo XX se mantuvo como parte de la fórmula imprescindible para alcanzar la democracia y, con ello, el gobierno ideal. Es quizá por ello que al cerrar el siglo, con unas de las elecciones menos impugnadas de la historia, gran parte de la ciudadanía vio en la derrota electoral del PRI la apertura de la puerta hacia la democracia verdadera.

Los resultados, lo sabemos ahora, fueron decepcionantes. La libre elección de un presidente de otro partido no trajo por sí misma la democracia al país ni la solución de sus problemas; mucho menos parece que la elección que hicieron los ciudadanos en 2000 haya supuesto la decisión más inteligente e informada, pues hay consenso entre diversos sectores políticos y académicos en cuanto al desastroso mandato del presidente Vicente Fox y su sucesor.

Preparativos para las elecciones de 2012
Parecía que servirían para algo

Durante décadas, el voto rara vez supuso la manifestación de la voluntad ciudadana en México. Cuando por fin se abrió la rendija, y la democracia parecía comenzar a transitar hacia nuestro país, pudimos observar una muy lamentable actuación tanto del ejecutivo como de las autoridades electorales cuando, en 2006, se registraron una serie de irregularidades en el proceso —antes, durante y después de los comicios.

La resignación ante la inmovilidad de las cosas, que parece caracterizar a la ciudadanía en nuestro país, encierra en sí misma una inmadurez política que no es del todo familiar a la región latinoamericana. Preocupa que así sea. En medio de una ola internacional de protestas por gobiernos insatisfactorios, sorprende que los mexicanos guardemos tanta calma ante tan indignantes cuestiones como las de acontecer cotidiano (de seguridad, de transparencia, de economía, de ejercicio del poder, de malgasto de los fondos públicos, de aplicación sesgada de la justicias, de exenciones fiscales).

Ha pasado un año ya desde que, por medio de unas elecciones con probadas irregularidades, el actual gobierno se hizo del poder. Una buena parte de la ciudadanía prometimos no permitir que dicho gobierno cristalizara sus propósitos, que en muchos sentidos implican el deterioro de la economía y la soberanía nacionales. Bien valdría la pena preguntarnos: ¿dónde estamos ahora parados, que no es en la exigencia de nuestro derecho a determinar el rumbo de nuestro país a través de nuestros representates?

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