Francia se traiciona

por Luis Fernando Granados *

Así que el exabrupto de François Hollande no lo fue: la iniciativa de reforma constitucional presentada ayer por el presidente de la república ante su consejo de ministros —paso previo para remitir la propuesta a la Asamblea Nacional— sí incluye el despojo de la nacionalidad francesa a los «terroristas» binacionales nacidos en Francia. En otras palabras, que si un tribunal condena por terrorismo a alguno de los 3.5 millones de franceses nacidos en Francia y que no obstante tienen doble nacionalidad, el castigo será la pérdida de su nacionalidad francesa. El Frente Nacional y el partido de Nicolas Sarkozy ya no necesitan ganar las elecciones para gobernar: el bueno de François Hollande ha decidido poner en práctica su política.

Lo asqueroso de la propuesta radica, por una parte, en la estigmatización de una porción para nada desdeñable de la población francesa, esa que no puede ni quiere imaginar que los galos son sus ancestros. Cuando se convierta en parte de la constitución, la medida establecerá de jure lo que hoy es una realidad de facto: una ciudadanía diferenciada entre franceses «reales» y franceses «de verano», «fingidos», de segunda, pues. Aunque nadie lo dice con claridad —pero ni falta que hace—, esos franceses son prototípocamente musulmanes y sus antepasados nacieron en algunas de las antiguas colonias y protectorados franceses de norte de África. De ahí que a nadie haya reparado en una obviedad: que un día tanto el ex presidente Nicolas Sarkozy como el primer ministro Manuel Valls —hijo de húngaro aquél, vástago de españoles éste— podrían perder su nacionalidad francesa si la justicia decidiera calificar como terroristas algunos de sus actos domésticos y diplomáticos.

La brillante y republicana idea de François Hollande, por otra parte, supone el principio del fin de un modo de entender la nacionalidad que todavía asociamos con Francia y, más específicamente, con la revolución francesa: la máxima por la que basta nacer en un lugar para adquirir los derechos —aunque también las responsabilidades— de los otros miembros de la comunidad política asentada en ese territorio. Uña y carne del proyecto territorial del estado-nación, el principio ius soli solía anteponerse al etnocentrismo de su opuesto categórico, el ius sanguinis, o sea la idea de que sólo la «sangre», la «raza», la «cultura» o alguna otra estupidez semejante podía permitir la membresía de una persona a una comunidad política. Alguna vez se llegó incluso a imaginar que los tipos ideales de ambas maneras de concebir la nacionalidad eran, para aquél, la República-una-e-indivisible al oeste del Rin y, para éste, la República Federal Alemana.

Pero la Francia realmente existente suele ser menos ilustrada que la Francia de los modelos analíticos y la mitología revolucionaria. La «generosidad» civilizatoria de la tercera república no llegó nunca al extremo de llevar el principio igualitario a su realidad colonial; destacadamente en Argelia, los árabes y los bereberes fueron siempre considerados al margen de la república, por más que hubieran nacido en un territorio que durante décadas fue formalmente parte de Francia.

Pero al menos en el Hexágono, quizá porque era un modo de asegurar la conquista de Saboya, Alsacia, Lorena, Navarra y aun Picardía, el principio solar se aplicó con algún rigor, y millones de «nuevos» franceses fueron incorporados en igualdad de condiciones a la república. Más tarde se sumaron, sin demasiada fricción, los descendientes de los inmigrantes españoles, italianos y portugueses que participaron a la construcción de la república social a lo largo del siglo XX. Y aunque nunca se aproximó al cínico pluralismo británico y estadounidense, parecía que Francia era una comunidad política incluyente y tolerante; que, en efecto, era un país donde los hombres y las mujeres «nacen y permanecen libres e iguales en derechos», como decía la declaración del 26 de agosto, 1789.

La razón ilustrada, sin embargo, ha escondido siempre un pequeño monstruo racista en su seno: ese monstruo que con tanta agudeza intuyó Goya en su famoso grabado. Del mismo modo que los esclavos de Santo Domingo, Martinica y Guadalupe no estaban comprendidos en la  libertad y la igualdad revolucionarias —hasta que con su rebeldía violenta forzaron la mano del régimen y torcieron el destino de la filosofía política occidental—, el derecho a la nacionalidad francesa para las personas nacidas en territorio francés estuvo siempre limitado en los hechos a quienes, de un modo u otro, podían ser tenidos como «europeos» o «blancos», aunque fueran tan poco europeos o blancos como el papá de Alexandre Dumas o la abuela de Albert Camus. Excluidos desde el principios de los tiempos, como de este lado de los Pirineos lingūísticos, los prietos de piel, de religión, de idioma, evidenciaban el envés, los límites, las miserias de la civilización republicana.

De modo que la cosa no es realmente acerca de la vida real de los principios igualitarios de la gran revolución sino de su espíritu normativo, del carácter utópico y por ende seductor de las palabras que los revolucionarios de finales del siglo XVII repartieron a diestra y, sobre todo, siniestra. Francia nunca ha sido el país que imaginó la revolución. Pero hasta ahora, más o menos, había  conservado la retórica revolucionara —o al menos la versión decimonónica de esa retórica— como su norte ideológico. Por eso el «logo» y el «lema»de la republica siguen siendo formas aggiornadas de la virtud neoclásica y compendios apretados del propósito de la revolución: el establecimiento de una sola sociedad sin privilegios y sin competencia.

Hasta ahora, los límites al principio territorial de la nacionalidad francesa —por ejemplo, la regla que obliga a los nacidos en Francia a estar presentes en el territorio de la república a la hora de su cumpleaños 18 para ratificar su voluntad de ser franceses— habían sido más o menos clandestinos y oblicuos. Si François Hollande se sale con la suya, la idea de que Francia es una comunidad histórica antes que un proyecto político, el más esclarecido de la modernidad occidental, habrá terminado por imponerse. Y que la alcaldesa de París —otra hija de españoles— se olvide de ser presidente; en ese país de ficciones genealógicas solo habrá espacio para alguien como Marine Le Pen.