Acabemos con el SNI

Luis Fernando Granados

El Sistema Nacional de Investigadores no debería existir. Escribe así Héctor Vera en el artículo que publicamos aquí hace cuatro semanas: claro y fuerte, con todas sus letras. La frase, además, es parte de un párrafo en el que Vera esboza una realidad mucho mejor que la existente:

«Todo profesor (incluidos los de asignatura) debería percibir un salario que cubra adecuadamente sus necesidades, […]. Ninguno debería tener sus ingresos condicionados a evaluaciones. Cualquier profesor universitario que trabaje 40 horas a la semana, sin importar su tipo de nombramiento, debería recibir un salario que sea al menos equivalente al total (salario + sobresueldo) que reciben los investigadores SNI 1 en promedio.»

Como el texto ha circulado a diestra y siniestra, parece razonable suponer que su punto de vista es compartido por miles de personas —más personas, de hecho, que las que reciben el “estímulo” económico asociado a la distinción de investigador(a) nacional. Ojalá que así sea. Ojalá, más aún, que los lectores de Vera estén dispuestos a dar el paso que se desprende de su razonamiento y se movilicen para buscar la desaparición del SNI y de todos los otros mecanismos, instituciones, discursos y prácticas que sustentan y han buscado legitimar la existencia de un modo de entender el trabajo científico que puede o no llamarse “neoliberal” pero que ciertamente se corresponde con la ideología dominante. (Algunos sociólogos de la ciencia prefieren llamarlo capitalismo académico.)

Héctor Vera no es por supuesto el primer investigador que se manifiesta en contra de la existencia del SNI. Casi desde su nacimiento, el “sistema” ha sido objeto de críticas muy severas debido al origen contingente y demagógico de la institución, al carácter productivista de la evaluación que practica, a la manera en que forma parte de un ecosistema que devalúa la investigación y privilegia los resultados, al menosprecio de la docencia como elemento fundamental de la creación científica, a la imposición de prácticas y criterios de las ciencias naturales sobre las ciencias sociales y las humanidades, a la opacidad legendaria de su funcionamiento, y también al efecto pernicioso que tiene para la reproducción de la comunidad científica. (Significativamente, las investigaciones que muestran las virtudes del SNI como dispositivo de regulación del trabajo científico han sido más bien escasas.)

A continuación intentaré sintetizar algunos de esos argumentos en tres breves apartados. (Lo que sigue se basa en parte en este artículo de Fátima Fernández Christlieb, éste de Jaime Valls Esponda, éste de Marco Ornelas, éste de Imanol Ordorica, éste de Rainer Enrique Hamel y esta nota de Arturo Sánchez Jiménez, así como en este trabajo de Marion Lloyd y este otro de Manuel Gil Antón y Leobardo Eduardo Contreras Gómez.)

Uno. El meollo del problema es que el SNI se rige por una lógica productivista, o sea que privilegia la cantidad sobre la calidad de la investigación. En un ensayo reciente, Vera identifica al productivismo como uno de los cuatro “efectos adversos” del modelo de evaluación vigente, principalmente porque conspira contra la calidad de la investigación científica. (Los otros tres jinetes apocalípticos de los que se ocupa son la saturación laboral que padecen los evaluadores, que los lleva a una cuantofrenia o manía enfermiza por la cuantificación, que a su vez fortalece la existencia de una academia clientelista —cuando no mafiosa— en la que impera la simulación evaluativa.) No es casualidad que en la jerga del SNI las publicaciones se llamen productos, como si fueran mercancías y no obras.

Obviamente, esto no quiere decir que toda publicación científica sea productivista y que nada de lo publicado en revistas académicas o editoriales universitarias tenga valor en sí mismo. Lo que quiere decir es que el modo de juzgar el trabajo científico promovido por el SNI, o sea los criterios y mecanismos que emplea para evaluarlos, es en los hechos un incentivo para privilegiar el solo hecho de la publicación por encima de la calidad de lo publicado. Esto se advierte particularmente entre quienes se dedican a las ciencias sociales y las humanidades, que producen muchos más artículos que libros, cuando sabemos que un libro es mucho más que la suma de un cierto número de capítulos y en algunos campos como la historia en realidad es el objetivo último de casi toda investigación.

Nadie duda que calidad es una noción escurridiza y problemática, especialmente cuando se usa para comparar el trabajo de dos o más personas. No obstante, hay que ponderar con toda seriedad lo que Antonio García de León suele decir cuando le preguntan cómo le hizo para escribir Tierra adentro, mar en fuera (México-Xalapa, 2011): gracias precisamente a que no es miembro del SNI. Dicho de otro modo, García de León piensa que pudo acometer esa obra monumental —y es monumental no sólo porque tiene casi mil páginas de texto— debido a que no tenía que cumplir con el “sistema” quemando su pólvora en infiernitos indexados.

Obviamente —de nuevo—, esto no quiere decir que la obra de García de León sea necesariamente mejor que la del resto de los investigadores nacionales. Quiere decir tan solo que la asociación entre calidad y membresía al SNI no es automática ni inevitable. Y al revés volteado: si se examina por ejemplo la nómina de los historiadores que se encontraban en el nivel más alto del “sistema” en 2019 —el último año para la cual la información está disponible—, se advertirá que más de uno no había escrito un libro comparable al de García de León en la última década, lo cual sugiere que un alto desempeño profesional no requiere la elaboración de trabajos de largo aliento, de esos que sólo caben en un libro.

Dos. Tanto o más que por los criterios que emplea para evaluar el trabajo científico, el SNI es dañino para la investigación científica porque es —ha sido— una respuesta precarizante a la precarización laboral de los profesionales de la ciencia y las humanidades, y ello inevitablemente contribuye a precarizar aún más las condiciones en que trabajan. Para que no parezca un trabalenguas: se dice a menudo que el SNI fue una respuesta a la devaluación del trabajo científico ocasionada por la crisis económica de 1981-1982 y, así, que su objetivo era “proteger” a los científicos mexicanos, inhibiendo de paso su emigración a otras partes del mundo. Pero eso no es más que una patraña.

En primer término, porque sólo una minoría de los científicos mexicanos recibió y sigue recibiendo el sobresueldo al que da derecho la distinción de investigador(a) nacional. (Insistamos: se ha calculado que el SNI beneficia apenas al 5 por ciento de los profesores-investigadores mexicanos y que entre el 75 y el 80 por ciento de todos carecen de una plaza de tiempo completo, por lo que se les considera simples “profesores de asignatura”.) Y en segundo lugar, porque el axioma operativo del sistema —en verdad el artículo de fe que colorea al “sistema” en su conjunto— es que los científicos son eminentemente holgazanes y por tanto deben demostrar que no lo son, haciendo ostentación de su productividad, para hacerse merecedores de un salario digno.

De este modo, desde mediados de los años ochenta el salario de los profesores dejó de ser considerado como un derecho y en cambió comenzó a imponerse la peregrina idea de que es apenas un “reconocimiento” o un “estímulo” (libre de impuesto sobre la renta), o sea un favor que el estado prodiga a unos cuantos deserving academics —más o menos como, a fines del siglo XVIII, uno de los instrumentos del capitalismo emergente en Inglaterra fue la reclasificación de los pobres entre unos pocos merecedores de auxilio y una inmensa mayoría para la cual las únicas opciones eran el trabajo a destajo, el trabajo eventual, el hambre, la horca o la deportación. Por eso el SNI —medida emergente de acuerdo a la retórica oficial— se hizo permanente; por eso, desde entonces, el trabajo eventual y a destajo es la marca de la casa de la academia mexicana.

Tres. Una tercera perversión del “sistema” —también derivada del axioma neoliberal— es que el SNI nunca ha tratado a sus miembros como iguales: como se sabe, en su configuración actual existen cuatro tipos de investigadores nacionales (candidatos, niveles 1, 2 y 3 y eméritos), cada uno con exigencias, sobresueldos y ciclos de evaluación diferentes. Supuestamente, los niveles están diseñados para recompensar la experiencia de los investigadores, pero en los hechos fragmentan de manera artificiosa a los trabajadores de la ciencia en tanto que segmento social y contribuyen a que se acentúen las jerarquías dentro de las comunidades científicas.

Súmense a esas categorías los diferentes tipos de contratos ordinarios (unos seis niveles para el personal de tiempo completo, una gran variedad de ellos para los tiempos parciales y por supuesto los contratos “por horas”) y el escalafón de los sistemas de estímulos que existen en casi todas las universidades (a veces con cuatro niveles, a veces con seis): de ello resulta que el estatus laboral de los profesionales de la ciencia puede presentarse en más de cien configuraciones diferentes —aunque en la realidad es probable que sólo ocurra una cincuentena de ellas. Semejante multitud de condiciones sociales ayuda sin duda a explicar por qué es tan difícil advertir la existencia un científico tipo o promedio —en el SNI y en general en la academia mexicana. No nos engañemos, sin embargo: los patrones existen (otro día hablaremos de ellos).

Pero sobre todo hay que darse cuenta que es precisamente en esa diversidad —que a veces se nos aparece tan irreductible como la vida misma— donde radica una de las funciones primordiales y más funestas del “sistema” que regula el trabajo científico. Como en el resto del mundo sobre todo desde la segunda revolución industrial, la multiplicación y jerarquización de las tareas, los saberes, los oficios, las categorías, las responsabilidades y los salarios —junto con su meticulosa organización en tablas, reglamentos y hojas de Excel— ha sido una de las estrategias más eficientes para despojar al trabajo de su valor y de paso obstaculizar la conciencia colectiva de los trabajadores. Por eso insistimos en mirar por encima del hombro a los estudiantes de posgrado, a los becarios posdoctorales, a los profesores de asignatura y también, por supuesto, a esos colegas que no se encuentran “a nuestro nivel” en el Sistema Nacional de Investigadores.

En suma: cualquiera que conozca un Oxxo o una maquiladora y sepa algo acerca de las universidades europeas y estadounidenses (como eran hasta hace poco) advertirá fácilmente la naturaleza de la contribución del SNI a la “modernización” y la “excelencia” de la ciencia mexicana. En cualquier caso —esto es, se reconozca o no el papel del SNI en la enajenación de los profesionales de la ciencia—, es indudable que esa manera de entender el trabajo científico es consistente con el espíritu de la transformación neoliberal que comenzó a ocurrir en casi todo el mundo hace unos cuarenta años: en todos los ámbitos el trabajo vale menos, en todas partes los derechos sociales —las pensiones de jubilación, la seguridad en el empleo, el salario digno, la atención de la salud, la libertad creadora— han sido recortados hasta niveles escandalosos.

No hay mucho misterio en todo esto. Lo extraño es que, desde los años ochenta, estudios como el de Vera y otros investigadores no han hecho sino multiplicarse hasta constituir un coro que no debería ser ignorado pero que hasta ahora no ha conseguido desestabilizar el acuerdo de facto entre el liderazgo del Conacyt (independientemente de su orientación política) y la minoría de la comunidad científica que pertenece al SNI (independientemente de su orientación política). De hecho, lo que ha predominado es una aceptación tácita, gruñona si se quiere pero aceptación a fin de cuentas —lo cual es un tanto sorprendente porque se supone que el pensamiento crítico es el corazón mismo de la investigación científica.

Las razones que explican la existencia de este consenso deben ser tan complejas como difíciles de documentar —en parte porque la sociología de la ciencia es una disciplina relativamente marginal y en parte debido al talante cientificista de gran parte de los investigadores, aquellos que todavía creen que la “ciencia” es puro conocimiento, y conocimiento puro, ajeno e independiente de las circunstancias materiales e ideológicas de la sociedad en que se produce. Afortunadamente, una nueva generación de sociólogos-historiadores de la ciencia parece estar inclinando la balanza hacia otra parte. Si éste es el caso, a lo mejor por fin está llegando la hora de acabar con el SNI y sustituirlo con un mecanismo académico-laboral menos injusto y menos enajenante, que de verdad fomente el trabajo científico en nuestro país.

P.S. Dos colegas me han compartido materiales adicionales para documentar nuestro optimismo acerca de las evaluaciones y la mercantilización universitaria: un artículo de Rafael Argullol en El Pais; otro de Alain Deneault ahí mismo, y una interesantísima entrevista con Hugo Harari-Kermadec en Contratemps. Por si ocupan.