Ciencia de los dineros

Luis Fernando Granados

Apenas sorprende la reacción de algunos miembros de la elite académica luego de que el Conacyt los convocara a donar parte de su sobresueldo para el combate a la epidemia. Toda elite reacciona de modo semejante cuando le tocan o parecen tocarle sus privilegios. Si algo llama la atención es que esta vez se trató de un espejismo, porque los privilegios de la elite académica no estuvieron nunca en peligro. El llamado era eso: una invitación a la solidaridad. Nadie estaba obligado a aceptarla, como nadie está obligado a darle una propina al botones de un hotel o a contribuir con dinero para una causa que se juzga justa y necesaria. Calificarla como “chantaje”, o desestimarla porque los miembros del Sistema Nacional de Investigadores son también “parte del pueblo”, no es más que un exabrupto risible. (Por eso es patético que el Conacyt haya reculado tan rápidamente.)

[Los documentos pertinentes, aquí, aquí y aquí.]

Lo significativo del escándalo es que revela —aunque más bien: confirma— cuáles son las prioridades de la elite académica y de la prensa que transmite sus opiniones: esos 550 millones de pesos mensuales que reciben los miembros del SNI. ¿Cuánta gente en cambio se manifestó públicamente en contra de la cancelación de las becas de movilidad para estudiantes de posgrado como consecuencia de la crisis sanitaria, aunque fuera para actividades a realizar en el segundo semestre de este año? ¿Dónde están las notas periodísticas acerca de la improvisación con que muchas universidades organizaron y conducen sus actividades docentes en línea? ¿Por qué se habla tan poco —más allá de las plataformas que malamente llamamos redes sociales— de lo absurdo que fue no averiguar cuántos estudiantes carecían de una computadora personal y una buena conexión de internet en casa antes de contratar servicios privados como Zoom? ¿Por qué no ha habido agitación mediática para reclamar la falta de capacitación a los profesores para dar clases en línea?

Más que de costumbre —lo cual ya es decir demasiado—, las universidades y los centros de investigación han encarado sus tareas docentes durante estas semanas con poca o nula seriedad pedagógica, con ignorancia y desdén acerca de las condiciones de vida de sus estudiantes. Pero eso parece no formar parte de la agenda de un sector de la elite académica, buena parte de los funcionarios universitarios y los medios que amplifican el volumen de sus preocupaciones. En síntesis: por su comportamiento en los últimos días es evidente que a algunos miembros del SNI les importa menos la formación de sus estudiantes que el estado de sus cuentas bancarias —y eso que pocos sectores de la sociedad han vivido el confinamiento en mejores condiciones que los profesores-investigadores: sin la más mínima afectación salarial y aun con la reducción de algunos de los mecanismos de control laboral impuestos por las burocracias (como registrar su asistencia al salón de clases).

¿Y no será más bien —como afirman algunas voces— que la “defensa” del estímulo monetario del SNI forma parte de una campaña más amplia para contener la ofensiva del lopezobradorismo en contra de la ciencia y las humanidades? Después de todo, hay académicos por demás brillantes que están convencidos de que el gobierno federal es tanto o más neoliberal que el propio Milton Friedman. Muchas personas, además, deben recordar con preocupación que hace un año (según lo reportó El Financiero) el subsecretario de Educación Superior dijo que los sobresueldos debían suprimirse porque contribuían a la existencia de un “sistema de castas” en la academia —cosa que, por supuesto, la mayor parte de los miembros del SNI consideró tan falsa como agraviante. Para quienes piensan de ese modo, el llamado a donar uno, dos y hasta tres meses de sobresueldo no podía ser interpretado sino como parte de una política de despojo que más tarde que temprano afectará a los mejores científicos del país —que casualmente son ellos mismos.

En realidad, la crítica a la nueva política científica ha sido casi siempre una cortina de humo para disimular el interés privado de la elite académica, supuestamente en peligro por la orientación ideológica —ya neoliberal, ya populista— del gobierno federal. (“Supuestamente” porque el gobierno no ha dejado de pagar los 550 millones de pesos mensuales que importan los sobresueldos de los investigadores nacionales.) El carácter fariseo de esta campaña puede advertirse en la mala leche con que se tergiversan las acciones gubernamentales. Por ejemplo, cuando se anunció el despido de los ayudantes de investigador en varios centros nacionales de investigación —lo cual por supuesto era y es una insensatez, reprobable por donde se le mire—, la decisión fue descrita como si el Conacyt estuviera cancelando becas a estudiantes necesitados. Al plantearlo de este modo se confundió deliberadamente a la opinión pública, porque el Conacyt no se proponía suprimir las becas de estudios de posgrado sino un tipo de trabajador académico.

Más grave es el silencio que se apodera de la mayor parte de esos “defensores” de la ciencia y las humanidades cuando se trata de la grosera desigualdad que impera en el mundo académico. Así, hasta ahora no se les ha visto escandalizarse porque el Conacyt y las universidades públicas hayan sido omisas para garantizar contratos de tiempo completo a las masas de trabajadores eventuales que desde hace demasiado tiempo constituyen la inmensa mayoría del personal académico —hasta el 80 por ciento, según algunos cálculos. Tampoco se les ha visto particularmente avergonzados cuando se les recuerda la infamia que supone cobrar colegiaturas a los estudiantes de posgrado en las instituciones públicas —las que en algunos lugares como la Universidad Veracruzana llegan hasta 10 mil pesos por semestre. Por último, es francamente raro que manifiesten su preocupación por el efecto pernicioso que tiene el dinero del SNI sobre el futuro de la investigación científica (como es un sobresueldo, el estímulo no puede usarse para establecer la pensión de jubilación y así se obstaculiza el relevo generacional), acaso porque incorporarlo a su salario los obligaría a pagar un poco más en impuesto sobre la renta —y ya ha quedado claro que la elite académica no tolera que le toquen su dinerito.