Filosófica colusión

Luis Fernando Granados

Desde fines de la semana pasada, en el portal de la Universidad Veracruzana puede leerse un texto firmado por la rectora Sara Ladrón de Guevara que lleva por título “Disculpa pública”. En realidad se trata de un insulto. A la razón, por principio de cuentas, pues oculta —tergiversando— el motivo de la disculpa. Es también un insulto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que malamente puede sentirse satisfecha con una “disculpa” que no lo es. Y es por supuesto un insulto a Remedios Álvarez Santos, profesora de la Facultad de Filosofía de la UV, cuya queja llevó a la CEDH veracruzana a emitir la “recomendación” en la que —entre otras cosas— se pide a la UV disculparse… por haber acosado laboralmente a Álvarez Santos.

El motivo de la queja, en efecto, son los actos de agresión, difamación e intimidación padecidos por Álvarez Santos en la Facultad de Filosofía, particularmente desde que en 2017 se opuso a que el consejo técnico de esa entidad solicitara una plaza de tiempo completo para la profesora Vanessa Salas del Ángel, esposa del entonces director, el profesor Félix Aude Sánchez, sin reparar en el conflicto de intereses inherente a la propuesta. La recomendación de la CEDH —que puede verse aquí— es inequívoca respecto del carácter laboral de la violencia ejercida contra Álvarez Santos; literalmente, dice que

Los actos cometidos por los profesores y el entonces director de la Facultad de Filosofía constituyen un esquema de violencia laboral que violó el derecho a la integridad personal de la víctima.

La “disculpa” de Ladrón de Guevara, en cambio, ignora el meollo de la queja y de la recomendación puesto que pretende que se trata de un caso de violencia de género, y aún agravia a la demandante al negarle su derecho a ser identificada. (No, rectora: la profesora no se llama “Remedios”, se llama Remedios Álvarez Santos.) Lo más grave es que descalifica tanto la queja como la recomendación —y aun el supuesto caso de acoso de género— al sostener que “cada historia tiene tantas versiones como testigos”, como estuviéramos ante un simple asunto de dimes y diretes.

Conviene por ello volver al texto de la recomendación:

[…] los testimonios recabados son coincidentes en el sentido de que el entonces director de la Facultad de Filosofía y un grupo de profesores agredían a la víctima a través de comentarios peyorativos o descalificativos. Estas agresiones revestían un patrón similar (sistematicidad) en tanto que se dirigían a descalificar a la profesora por sus acciones, convicciones y actividad académica; y ocurrían de manera recurrente en las clases o en las sesiones de consejo técnico, por lo menos del periodo que va de octubre-noviembre de 2017 a octubre de 2018.

¿Por qué la “disculpa” de la rectora Ladrón de Guevara no se refirió al verdadero carácter del acoso? La respuesta se encuentra quizá en una entrevista que Álvarez Santos concedió a la periodista Leticia Cruz, publicada el viernes 4 en el portal Imagen del Golfo:

[…] la narración de hechos que yo dirigí […] fue […] primero a la Defensoría de los Derechos Humanos, de ahí a la rectora, la Unidad de Género, el abogado general, el sindicato, y absolutamente todos fueron omisos.

Hace siete meses, en una carta que dirigió a La Jornada Veracruz, Álvarez Santos ya había explicado que recurrió a la CEDH en razón de la indiferencia de las autoridades universitarias: «La autoridades internas de la universidad han sido absolutamente omisas y, por lo mismo, cómplices de esto.»

Es obvio que las mafias académicas sólo pueden prosperar en un ambiente de impunidad y connivencia. Sin el auxilio —tácito o expreso— de autoridades y cuerpos colegiados dentro y fuera de las dependencias involucradas, debería ser imposible que las mafias impongan concursos de oposición abiertos que lo son sólo de nombre, que asignen arbitrariamente cursos y tesis, que premien y promuevan nada más a sus estudiantes, que manejen los dineros de manera opaca y discrecional, que asfixien la vida colegiada, que castiguen a estudiantes que no les son adeptos, que difamen sotto voce a sus colegas incómodos —o “rebeldes”, como llamaba a Álvarez Santos uno de los allegados de Aude—; en una palabra, que dirijan facultades, centros e institutos como si estos fueran de su propiedad. Con su “disculpa” —y con su silencio, si es cierto que Álvarez Santos la buscó antes de ir a la CEDH—, la rectora Ladrón de Guevara se convirtió objetivamente en protectora de la mafia de la Facultad de Filosofía que hostigó a Álvarez Santos.

Poco importa si lo hizo de manera deliberada o sólo por torpeza. La señal que ha enviado a las mafias de la Universidad Veracruzana —y más allá— es bastante clara. Espero que también quienes enfrentan el autoritarismo faccioso de otros reyezuelos y reinezuelas tomen nota de las posibilidades que ofrece —pese a todas sus limitaciones— la intervención de los organismos autónomos de derechos humanos. (Claro que para ello habrá que ver qué tanto, y de qué modo, la Universidad Veracruzana acata el resto de la recomendación de la CEDH: realizar «las gestiones necesarias a fin de brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica necesaria en beneficio» de la demandante, iniciar «una investigación interna de manera diligente, imparcial y exhaustiva, a efecto de determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados por la violación a derechos humanos demostrada en el presente caso», capacitar «eficientemente a los servidores públicos involucrados en materia de promoción, defensa, garantía y respeto de los derechos humanos» y evitar «cualquier acción u omisión que revictimice» a Álvarez Santos.)