¿Más de lo mismo?

Francisco Quijano Velasco

El Plan Nacional de Paz y Seguridad de Morena ha encendido focos rojos y ha generado preocupación entre buena parte de la población. El establecimiento de una guardia nacional implica la normalización y prolongación de la militarización del país, cuyos trágicos resultados conocemos, sin que se presenten alternativas reales para revertirla en el corto o mediano plazo.

Por ello, comparto el malestar y me sumo a las críticas al proyecto de la Guardia Nacional. No obstante, difiero en describir la estrategia propuesta por AMLO como una continuación (o la radicalización) de la fracasada política de seguridad implementada por los gobiernos de Calderón y Peña. Me parece importante distinguir los cambios (positivos) que introduce el nuevo programa y señalar sus problemas específicos.

Además de denunciar, por principio, la gravedad de utilizar al ejército en labores policiacas, los diagnósticos sobre el fracaso de la llamada “guerra contra el narco” coinciden en señalar cuando menos tres grandes problemas con respecto a cómo ha operado la fuerza pública en los últimos 12 años:

—El vacío legal (o la ilegalidad) y, puntualmente, la falta de protocolos y reglamentación para la persecución de los delitos por parte de las fuerzas armadas, que se traduce atropellos a los derechos humanos, violación del debido proceso y en una altísima impunidad;

—La falta de un plan de acción definido en el combate al crimen organizado, tanto en el uso del ejército y la marina como en el de las policías (metas y plazos, cadenas de mando, cooperación entre corporaciones, organización territorial, etcétera), y

—El enfocarse, casi de forma exclusiva, en la lucha contra el narcotráfico: el tener como única estrategia descabezar carteles y no atacar primordialmente los delitos que afectan directamente a la población (homicidio, violación, secuestro, extorción, robo, etcétera).

El plan de seguridad de Morena, aunque sigue apostando por la militarización, busca revertir de manera puntual estos tres problemas.

¿Pie de cría o continuismo? (Foto: Bernardo Moncada, Notimex.)

Primero, al dar un marco legal para el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Algo similar proponía la ley de seguridad interior, recién declarada inconstitucional por la Suprema Corte. La iniciativa presentada por Morena contempla mayores mecanismos de control que la propuesta presentada por Peña. Entre otras cosas, acota el marco de acción de las fuerzas armadas a una corporación especial (precisamente la Guardia Nacional, supuestamente con una formación policial), elimina el fuero militar de dicha corporación, reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y establece —con ambigüedad— un plazo temporal para la existencia de este régimen de excepción, “en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país”. No obstante, de fondo, ambas propuestas comparten el mismo objetivo: normalizar y legalizar el uso de las fuerzas armadas para asuntos de seguridad pública.

Por ello, los cambios más importantes en la propuesta de Morena los encontramos en los otros dos puntos. A diferencia de lo que ha sucedido en los últimos 12 años, el plan de seguridad de López Obrador contempla una estrategia mucho más clara y puntual en el diseño, organización y ejecución de las políticas de seguridad. Esto se expresa en la propuesta de división territorial en 266 regiones para la prevención y combate al crimen, y en la creación de coordinaciones sujetas a las autoridades civiles y conformadas por militares, policías, miembros de la sociedad civil y funcionarios federales, estatales y municipales.

En tercer lugar, el programa de López Obrador rompe de manera radical con la lógica de la guerra contra el narcotráfico de los últimos dos sexenios. La apuesta por tratar el problema de las drogas como un asunto de salud pública y no de seguridad, particularmente la legalización de la marihuana (y eventualmente de la heroína), supone una orientación totalmente distinta en el combate al crimen organizado.

Esto tiene una implicación importantísima: dar prioridad, en la estrategia de persecución de los delitos, a aquellos crímenes que afectan directamente a la población. El plan de seguridad de Morena lo plantea explícitamente: “Será prioridad la recuperación de los espacios públicos. Se reafirmará el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el feminicidio y el tráfico de personas, entre otros.”

Otros aciertos del plan de López Obrador que van en este mismo sentido son la propuesta de una justicia transicional (que contempla la amnistía), la reforma profunda del sistema penitenciario y el combate al lavado de dinero.

Considero no sólo conveniente sino necesario reconocer la importancia de estas propuestas, para exigir su implementación, darles seguimiento y valorar sus resultados. Estos cambios profundos en la estrategia de seguridad pública pueden traer, en el corto y mediano plazos, mejoras considerables a la situación de violencia que atraviesa nuestro país.

En este sentido, la gravedad de la propuesta de Obrador de normalizar y prolongar la militarización del país no radica, en mi opinión, en que durante los próximos años vaya a degradarse o a mantenerse igual el estado de inseguridad en el que vivimos. El problema está en que el fortalecimiento del ejército produce una incertidumbre sobre el papel que en el futuro pueda tener en la vida política nacional.

Aun aceptando el argumento de Morena sobre la imposibilidad de establecer hoy día una estrategia de seguridad sin las fuerzas armadas, habría cuando menos tres asuntos que exigir para limitar el potencial peligro de crear una Guardia Nacional: establecer un plazo temporal y definido por la ley de su funcionamiento; poner a dicha corporación bajo el mando de una autoridad civil, e implementar un programa profundo de mejoramiento de las policías estatales y municipales.

La iniciativa para la creación de la Guardia Nacional está todavía en discusión y falta definir diversos asuntos sobre la implementación puntual del Plan Nacional de Paz y Seguridad. Estamos a tiempo de exigir que se reviertan los puntos problemáticos para potencializar sus aspectos positivos.

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