Una política historiográfica

por Pedro Salmerón Sanginés

Sí, hace cinco años hicimos público el documento “La historia que necesitamos para el país que queremos”, en el que 462 personas vinculadas al estudio de la historia nos atrevimos a proponerle a un candidato a la presidencia, el único que nos parecía sensible a los temas planteados,

una serie de lineamientos para organizar, armonizar y regular la vida pública del conocimiento histórico. Nos interesaba sobre todo discutir las contradicciones y abusos de las instituciones del estado encargadas de administrar el patrimonio histórico, la educación formal y la producción científica, así como las circunstancias que hicieron del conocimiento histórico una herramienta de legitimación gubernamental a lo largo del siglo XX [aquí está la nota].

En el documento publicado hace cinco años, planteamos que el estado tiene, o debería tener, responsabilidades puntuales en tres aspectos relacionados con el conocimiento histórico:

1.  La definición y custodia del patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural, tangible e intangible, lo que entre otras cosas implica descalificar la noción elitista de cultura para entenderla como creación colectiva en permanente construcción;
2.  “[L]a construcción de una cultura cívica que evoque procesos y momentos relacionados con los valores de un estado liberal, democrático, laico, incluyente y tolerante, y que busque preservar su propia existencia, la integridad de su territorio, su soberanía y su organización como un estado de derecho”, y
3. El replanteamiento de la enseñanza de la historia en los niveles básico y medio, para hacerla “el fundamento de una ciudadanía comprometida, autónoma, crítica y plural que se precisa para la construcción de un futuro más justo e igualitario”.

A la atención de estos aspectos por parte del estado le llamamos “política historiográfica”. Hoy como entonces, nos parece que debe “promover el sentido de comunidad de la gente, el reconocimiento de la diversidad étnica y de género, la convivencia democrática entre iguales, la justicia social y un sentido crítico de la realidad y el patriotismo, así como la iniciativa de las comunidades; en otras palabras, consideramos que la política del conocimiento histórico que el país necesita debe ser democrática, incluyente e igualitaria.”

Esa propuesta surgió de la angustia que sentíamos ante la situación del país, que se hundía en un proyecto político-económico que aumentaba los abismos sociales y la pobreza de las mayorías y que traía consigo un caudal creciente de corrupción, violencia, impunidad e inseguridad. Los cinco años que han pasado confirmaron nuestros peores temores sobre la restauración del autoritarismo priísta combinado con el proyecto neoliberal. Lo peor de ambos mundos se reflejó en la continuación de una política educativa que no parece tener más objetivo que devastar la educación pública; una política cultural elitista y subordinada a un economicismo cortoplacista, considerada cuando mucho complementaria o subordinada al turismo, y a una política historiográfica inexistente, al menos en el sentido que nosotros señalamos. Sin discusión de fondo —tampoco por nuestra parte— se nos impusieron una reforma educativa y una ley de cultura que amenazan con agravar aún más estas situaciones.

Muchos historiadores preferimos estudiar procesos que coyunturas. Muchos preferimos también ser prudentes ante las agitadas aguas de la política —la corta duración, los oleajes de superficie—, aunque parezca por demás confesar que, en lo personal, decidí hace unos pocos años abandonar esa prudencia. Pero rediscutiendo el tema en el seno del núcleo que mantiene vivo este blog y su Observatorio, sentimos la necesidad de rediscutir esta propuesta, para mejorar y adaptar a la nueva realidad, rediscutirla para reiterarla.