Fraude autoral, ficción académica

por Luis Fernando Granados *

Es fácil entender por qué el vocero de la presidencia, los secretarios de Educación y de Desarrollo Social y el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez piensan que el fraude cometido por Enrique Peña Nieto para obtener su licenciatura es apenas un pecadillo sin importancia: el trabajo del primero es hablar bien de su jefe, el presidencialismo impone una lealtad perruna a los miembros del gabinete y, bueno, el director de tesis —ostensiblemente cómplice del fraude— no tenía más opción que convalidar el engaño, pues de otro modo su integridad académica hubiera quedado en entredicho. (Fue tan torpe su respuesta, sin embargo, que hoy Guerrero Martínez es el hazmereír de los profesores de todo el país. No, señor magistrado: las comillas no pudieron perderse en la imprenta porque la tesis no se compuso en tipos móviles sino que fue impresa en offset a partir de un original mecanografiado —a menos, claro, que Peña Nieto hubiera escrito su tesis a mano. Y antes de hablar, lea con cuidado el reportaje de Carmen Aristegui, Irving Huerta, Sebastián Barragán, Juan Omar Fierro y Rafael Cabrera: casi la mitad del 70 por ciento de la tesis que ellos no consideran plagio son citas textuales, o sea que no pudo ser obra de su estudiante favorito.)

Mucho menos comprensible es la posición de Andrés Manuel López Obrador, habitualmente en las antípodas de las verdades del régimen y ahora alineado con quienes minimizan el fraude cometido por el “licenciado” Peña Nieto. ¿Supone el dirigente de Morena que Aristegui Noticias actuó en connivencia con el gobierno federal? ¿Cómo pudo ocurrírsele que la exhibición del fraude de Peña Nieto es “una cortina de humo”? Aventuro una respuesta: porque López Obrador —como el secretario Nuño, como el magistrado Guerrero Martínez— es tan ajeno al mundo académico que ha terminado por creer una ficción que los académicos repetimos a diestra y siniestra (y con gran éxito, por lo visto). Esta ficción, indisociable del narcisismo corporativo de casi todo el personal académico de casi todas las universidades, consiste en afirmar que plagio es una especie exclusiva de ese ecosistema tan especial, tan distinto y tan sofisticado que se llama academia, y por ello que hay en el mundo una cosa llamada “plagio académico” —la cual, naturalmente, sólo puede entenderse y juzgarse como un asunto académico, o sea entre nosotros mismos, sin intervención de la sociedad o del estado. La resolución de la Universidad Panamericana evidencia con claridad esta clase de irresponsabilidad solipsista: sí hubo plagio, pero no haremos nada al respecto.

Pero no. El llamado plagio académico no es una cosa en sí misma. Es el despojo de un bien ajeno, o sea un robo, y es también la atribución interesada de una propiedad, o sea un fraude. Que el robo se ejerza sobre un texto, y que el fraude consista en fingir una autoría que no es, en realidad no importa; como tampoco importa, o no demasiado, que su definición legal no sea tan precisa como podría ser. Lo central es que en todo plagio académico estamos ante un delito —robo de algo que tiene dueño, apropiación de una cualidad inalienable (la autoría)—, y que además ese delito ya está tipificado en las leyes de nuestro país. Así que no se trata de un “error” metodológico ni de una falta “ética”. Es un robo; es un fraude. Por lo tanto, no basta con que seamos mejores maestros ni que inculquemos mejores “valores” a nuestros estudiantes, y tampoco es suficiente que las autoridades educativas establezcan mejores reglas para inhibir y castigar el fraude autoral entre estudiantes y académicos (cosa, por lo demás, que se rehúsan a hacer). Hay que comenzar por llamar a las cosas por su nombre, y hay también que atender a su dimensión legal —aunque esto parezca un (mal) chiste en el país de la impunidad.

Dice el artículo 424 del código penal federal: “Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: […] A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la ley federal del derecho de autor” (fracción III; mis cursivas). Y dice el artículo 427 del mismo código: “Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre.” De esto se sigue, por cierto, que Enrique Peña Nieto debería ser objeto de ambos castigos, acaso de manera concurrente, toda vez que 1) actuó con evidente mala fe —como puede verse en su manera de entresacar muchos de los párrafos robados—, 2) con el propósito de obtener un beneficio (su título de licenciatura), y obviamente 3) sin contar con el permiso de los autores robados, 4) quienes fueron despojados de su condición de autores en 5) un documento de la Universidad Panamericana que, como todo el patrimonio intelectual de o “incorporado” a la UNAM, es público por definición. (A propósito, al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México le haría bien buscar lucro en el diccionario.)

No obstante, la mayor parte de quienes hacemos trabajo académico “de tiempo completo” insistimos en que el llamado plagio académico no es un delito sino un problema pedagógico y ético. ¿Por qué? Creo que la explicación tiene que ver con una cierta soberbia profesional: como lo nuestro es leer y escribir y dar clases; como lo que producimos es conocimiento —aunque Conacyt no acabe de entenderlo—, y como nuestras condiciones laborales son fabulosamente mejores que las de la mayoría de los trabajadores (en algunos aspectos por buenas razones, como la definitividad de las plazas, que protege la libertad de cátedra y de investigación, aunque también, claro, cobije a muchos holgazanes), parecería que lo que hacemos y lo que hacen los estudiantes a quienes debemos “formar” no puede regirse por las mismas reglas que se aplican, o deberían aplicarse, al resto de la población —ni siquiera a ese pequeño sector al que sí se le reconoce su trabajo intelectual. Tal especificidad, empero, no es más que una ilusión: porque somos trabajadores como cualquier otro, los frutos de nuestro trabajo son obras como cualquier otra, y merecen (exigen) la protección de las leyes correspondientes.

Obviamente, no se trata de elogiar acríticamente el derecho de propiedad industrial ni el derecho de autor tal como existen en la actualidad. El triste estado de las patentes farmacéuticas es un buen ejemplo de los problemas que aquejan al modelo vigente de propiedad intelectual. Afirmo tan solo que ese derecho existe y que no hay razón para excluir al trabajo académico —de estudiantes y profesores— de su competencia. Más aún, me parece que el desdén con que una parte de la sociedad ha reaccionado ante delitos como el que cometió Enrique Peña Nieto hace 25 años sería considerablemente menor si los universitarios hubiéramos abandonado a tiempo la creencia —efecto de haber idealizado nuestra autonomía, en cierto modo— de que la vida académica no debe regirse por ordenamientos generales como la ley federal de derechos de autor y el código penal federal.

Por lo pronto, propongo que Enrique Krauze, Diego Valadés, Linda Hall y los herederos de Jorge Carpizo y Miguel de la Madrid acusen penalmente al presidente de la república por fraude autoral; o sea —para que no digan que ando inventando figuras legales—, por haber cometido los delitos a los que se refieren los artículos 424 y 427 del código penal federal. Como Enrique Peña Nieto tiene fuero mientras sea presidente, no podrá ser procesado inmediatamente. Pero si queda el recuerdo —y el precedente— de que las víctimas de un fraude de esta clase están dispuestas a acudir a la justicia, a lo mejor el próximo estudiante, tesista e investigador universitario con ganas de presentar como suya la obra de otra persona se lo piensa un poco más antes de emular al presidente. Aunque no sea una buena persona.