Educación o Nuño

por Jorge Domínguez Luna *

El primer gran tema a tratar de la LXIII legislatura será el presupuesto para 2016. A diferencia de años anteriores, la discusión tendrá como punto de partida la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la metodología de “base cero” que, a diferencia de ejercicios pasados, no toma en cuenta el año fiscal anterior para ajustar los montos tomando en cuenta criterios de crecimiento exponencial. La propuesta definitiva para los diputados entrantes deberá estar lista a más tardar el 8 de septiembre y, como ya han mencionado diversos medios de comunicación, se espera que el recorte al gasto en educación sea significativo, exhibiendo el falso compromiso de la administración federal en este rubro.

Apenas la semana pasada, el titular del ejecutivo anunciaba en spots televisivos que la educativa es “la más importante” de las reformas estructurales que lleva a cabo su administración. Quizá porque las tramposas reformas hacendaria y energética han fracasado en sus objetivos: la primera ha sido amenazada con una contrapropuesta encabezada por el PAN y el PRD, y la segunda —en un principio, la madre de las reformas estructurales— sucumbió ante la indiferencia de la iniciativa privada para invertir y la caída de los precios del petróleo. O quizá porque las pírricas victorias ante el magisterio disidente significan grandes logros para la administración federal.

Lo cierto es que el nombramiento de Aurelio Nuño Mayer como responsable de la educación nacional confirma que el gobierno depositará sus esperanzas y aspiraciones de toda índole en este rubro. No porque el sucesor de Emilio Chuayffet sea un experto en temas educativos o la transformación de la educación sea un imperativo, sino porque durante los tres primeros años de la administración peñista —e incluso antes—, Nuño construyó una fama de negociador efectivo que lo convirtió en un imprescindible del ejecutivo federal. El jueves pasado, durante el anuncio de los cambios en el gabinete, la cartera de educación adquirió la relevancia que pretende impregnársele mediante la propaganda oficial gracias a que el consentido del jefe despachará en el número 28 de la calle de Argentina.

No obstante lo anterior, las primeras versiones del proyecto de presupuesto para 2016 incluyen disminuciones importantes en el gasto educativo en todos sus niveles y ámbitos, incluso para acciones que forman parte de los ejes de la reforma. Aunque las cifras son una propuesta y deberán ser discutidas y aprobadas por el congreso, no son del todo ajenas a la realidad y comprometerán aún más el castigado sistema educativo nacional. La única certeza es que los políticos no podrán declarar en los meses próximos, como lo hacen cada año, que el presupuesto aprobado para educación es histórico por el simple hecho de aumentarle unos pesos y centavos respecto del anterior inmediato.

Como parte de las cifras que se han manejado para reducir gastos se encuentran los 4 747 millones (equivalentes al 38 por ciento del presupuesto para 2015) del programa para mejorar la infraestructura de 20 mil escuelas y los 2 687 millones (que representan el 21.5 por ciento) para establecer escuelas de tiempo completo. Y ambos programas forman parte de las prioridades establecidas en la reforma. Otros recortes incluyen la disminución del 50 por ciento del personal contratado por honorarios y el 25 por ciento de las plazas eventuales de la Secretaría de Educación Pública. Además, los gastos de operación de la dependencia se verán afectados por un monto de 1 178 millones de pesos, equivalente al 3.7 por ciento del gasto aprobado para 2015.

La educación superior también ha sido amenazada. La Universidad Nacional Autónoma de México dejaría de percibir poco más de 350 millones de pesos; la Universidad Autónoma Metropolitana, 112 millones, y la Universidad Pedagógica Nacional, 35.6 millones. El Colegio de México será una de las instituciones más castigadas, al perder cerca del 40 por ciento de su financiamiento del año en curso, equivalente a 78.4 millones.

En contraste —como siempre que se habla de dinero público—, han comenzado a escucharse voces que cuestionan la asignación del gasto a rubros no prioritarios como el pago de “estímulos” a servidores públicos, los que en 2015 dispusieron de 34 400 millones de pesos. Ante tales cifras, es inevitable pensar que los más de 78 millones reducidos a El Colegio de México podrían ser deducidos del rubro anterior o de gastos tan banales como la dieta de los 500 diputados (que ganan lo suficiente para pagar su alimentación). Cualquier ciudadano de a pie pensaría que, cuando se trata de ahorrar, lo primero que se sacrifica son los lujos y no las necesidades.

Por ello, la gestión de Nuño enfrentará el reto de conciliar hechos con palabras. Si la educación es la prioridad, debería respetarse el gasto para el sector, tal y como demandaron los gobernadores al presidente en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores del pasado 8 de julio, y respaldar el discurso (o las aspiraciones) de la centralidad de la educación con acciones tangibles y medibles como las que prometía la reforma educativa.

Sin lugar a dudas, la administración de la educación pública será protagonista en lo que resta del sexenio. Sin embargo, ayudaría mucho preguntar en la residencia presidencial lo siguiente: ¿cuál es la prioridad para la actual administración?, ¿la educación o Aurelio Nuño?