Monopolio del ocio

por Bernardo Ibarrola *

Los cambios ocasionados por la revolución provocaron que el siglo XX mexicano fuera, entre otras muchas cosas, el del crecimiento de su población y el de la aparición del tiempo libre –del “ocio”– en una proporción social y económicamente significativa. Entre las décadas de 1930 y 1940, apareció un nuevo sector económico: el del esparcimiento. El tiempo libre de la cada vez más voluminosa población, antaño reservado a las fiestas religiosas,  se fue ocupando de nuevas  actividades. Además de en los atrios y las plazas, los mexicanos comenzaron a pasar sus domingos, sus tardes de sábado –y en algunos casos ciertos anocheceres de entre semana– en cines, teatros, plazas de toros, arenas y estadios.

Los hasta entonces no muy bien apreciados payasos y actores de la legua pasaron de la carpa y las tandas al teatro, la radio y el cine, y conformaron en poquísimo tiempo, un pintoresco star-system que asimiló también a matadores de toros, pugilistas, luchadores, jugadores de frontón, criadores de caballos, jockeys y aun “fenómenos” de circo. Paralelamente, la gente comenzó a aficionarse al deporte. En pocos lustros se pasó de ir a ver jugar a los amigos y compañeros de clase desde la orilla de la cancha a un complejo sistema de deportes de grupo, organizados en ligas colegiales, semi-profesionales y profesionales.

Para la segunda mitad del siglo, la oferta del deporte-espectáculo en México era muy amplia. Estaba, para empezar, el profundamente arraigado futbol americano colegial. En noviembre de 1952, por ejemplo, cerca de setenta mil espectadores asistieron a la inauguración del Estadio Universitario –posteriormente Olímpico Universitario– para ver el clásico Pumas de la Universidad-Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional (ganaron los Pumas con un memorable marcador de 20-19). Dese entones, y hasta finales del milenio, el Parque del Seguro Social convocó cotidianamente a la afición beisbolera de la capital; sus monumentales dimensiones –podían entrar 25 mil espectadores– eran la evidencia más elocuente de la popularidad del “Deporte rey”, que se practicaba en un enorme circuito de parques de pelota de dimensiones más modestas regados por todo el país, predominantemente en el Norte y el Golfo.

Los deportes-espectáculo tradicionales también participaron de esta multiplicación de escala. El Hipódromo de las Américas fue abierto en 1943; la Monumental Plaza de Toros México –la más grande del mundo, con lugar para más de cuarenta mil personas– fue inaugurada en 1946; la arena Coliseo –para siete mil espectadores– había abierto sus puertas tres años antes; la Arena México, con aforo para el doble de espectadores que la Coliseo, fue inaugurada en 1956. Mientras que estos lugares eran frecuentados por las clases populares, los sectores más ricos también asistían a los clubes privados del Hipódromo y a los reservados del Frontón México, para apostar en serio y a gusto.

En realidad, el fútbol llegó tarde a este proceso. El Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes –el actual Estadio Azul– que ha albergado a los equipos más representativos del balompié capitalino desde los años cuarenta, fue diseñado, en principio, para fútbol americano. Fue hasta los años sesenta que, gracias a la designación de México como país sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1970, se construyó el primer y más emblemático lugar para el fútbol nacional: el Estadio Azteca.

Lo más llamativo de este panorama es cómo, en un lapso tan corto, el fútbol se convirtió en el principal deporte-espectáculo del país. El factor explicativo determinante parece obvio: la televisión. Desde la década de los setenta, la tendencia ha sido quitar espacios a los demás deportes, para sumarlos a los del futbol. Aunque ha habido algunas tentativas de resistencia (en los ochenta Imevisión pasaba partidos de la Liga Mexicana de Béisbol; el Canal Once siempre ha transmitido fútbol americano) el proceso ha sido exitosísimo: un ejemplo para los manuales de economía de cómo se construye un monopolio. Un dato central, para comprender cabalmente el fenómeno: la demanda por bienes de esparcimiento no es elástica, como la de los productos suntuarios; es rígida, como la de alimentos y medicamentos.

Comparada con la difusión de la televisión abierta, la asistencia a los estadios es menos que marginal; comparados con lo que reporta la publicidad televisiva, los ingresos de taquilla son casi un dato pintoresco. Todas las grandes primeras divisiones de fútbol del mundo podrían realizar la totalidad de sus juegos a puertas cerradas, y las consecuencias económicas serían mínimas, siempre que se mantuvieran las transmisiones por televisión.

Eliminada la competencia de los demás deportes-espectáculo y mitigados los conflictos entre los dueños de los equipos y las televisoras –a veces se trata de los mismos actores– gracias a que la Federación Mexicana de Futbol hace las veces de coordinador, árbitro y conciliador, el mercado –la práctica totalidad del mercado de televisión abierta– está completamente controlada por el lado de la oferta.

Lo que sigue es el paraíso de los monopolistas ofertantes y el infierno de los consumidores. Propongan lo que propongan se va a consumir, porque no queda otra opción. El Piojo Herrera y su abierta subordinación a Televisa, los árbitros de la Concacaf, el cambio continuo de uniforme de la selección mexicana, los malos resultados, el mal fútbol. Nada de eso le importa realmente a quienes toman las decisiones al respecto, pues los cuantiosísimos ingresos están garantizados, ya que los televidentes no tienen a dónde irse.

¿Cómo salir de esta situación? Con un simple pero trascendental gesto político. Una pequeña reforma legal que convierta al esparcimiento por medio de la televisión abierta en “artículo de consumo necesario”, como se precisa en el Artículo 28 Constitucional. Y luego aplicarlo:

…la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social…

Así de simple. ¿Pero, ustedes ven a algún partido, grupo de poder o político dispuesto a sostener esta causa? Yo tampoco.