1 635 003 firmas para refundar la república

por Bernardo Ibarrola *

El sábado se hizo pública la identificación de los restos mortales de uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, secuestrados por fuerzas policiacas y desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado. Ante la previsible reacción gubernamental para “superar” —es decir, para olvidar o para aceptar— ese crimen de estado y cerrar el caso, es urgente articular la movilización ciudadana que ha tenido lugar desde entonces en torno de un objetivo simple: la refundación de nuestra república.

Una de las 43 familias tiene, desde hoy, el consuelo de saber que su hijo no va a volver nunca porque está muerto. En los próximos días tal vez otras familias podrán contar también con esa terrible certeza. Pero esto, con ser indispensable, no es en absoluto suficiente. El secuestro y la desaparición masivos ocurridos en Iguala despertaron la conciencia aletargada de una sociedad que ya se cansó de la impunidad con la que los criminales imponen su voluntad en vastos territorios de nuestro país y, sobre todo, de la connivencia asquerosa que mantienen éstos con amplios sectores de los tres niveles de gobierno.

¿Cuántos municipios como Cocula e Iguala son gobernados formalmente por alguna mafia? ¿Cuántos estados de la federación también están en manos la delincuencia organizada? ¿Cuántos funcionarios públicos federales trabajan —de tiempo completo o eventualmente— para ella? ¿Cuántos diputados y senadores del Congreso de la Unión conforman la narcobancada legislativa? ¿Cuántos jueces y magistrados están también a su servicio y obtienen de sus nóminas la parte más significativa de sus emolumentos?

Las organizaciones de delincuentes hace mucho que dejaron de ser predadoras y parasitarias de las instituciones gubernamentales y se convirtieron en simbióticas de éstas. Por ello el gobierno, a pesar de contar con una numerosísima, compleja y en algunos casos sofisticada burocracia que le permite conseguir y gestionar una gran cantidad de recursos —la recaudación fiscal de este año no tiene precedente en la historia de nuestro país—, no existe para proveer bienestar y justicia a la población, sino para medro de sus integrantes.

La relación, puesta en evidencia últimamente, entre los bienes de la familia del presidente y grupos empresariales que tienen acceso a cuantiosísimos recursos públicos por medio de contratos y concesiones, no es excepcional sino representativa de un modus operandi, que se reproduce a escalas menores en toda la administración pública.

Todos los niveles de gobierno, y al menos dos de sus poderes están conformados por militantes explícitos de partidos políticos que conforman un sistema diseñado, entre otras cosas, para garantizar su bienestar y extender su poder. Un ejemplo elocuente: el presupuesto del Instituto Nacional Electoral programado para el próximo año es de más de 19 mil millones de pesos, lo que equivale a poco más de la cuarta parte del total del presupuesto del gobierno de la república de Chile. Así las cosas, los integrantes de los partidos políticos están, en general, muy satisfechos con su sistema y concentran sus esfuerzos en posicionarse mejor dentro de éste, pero de ningún modo en cambiarlo.

Es por esto que, a pesar de las monstruosas e inverosímiles evidencias acumuladas desde hace mucho, el gobierno no admite la situación excepcional que sufrimos ni está dispuesto a asumir las consecuencias que este reconocimiento supondría. En lugar de reconocer la perturbación grave de la paz pública y de suspender garantías en determinadas zonas y por periodos precisos, como se contempla el artículo 29 constitucional, el ejecutivo echó a las calles a las fuerzas armadas desde hace años, restringiendo estas garantías de facto, pero sin que se note demasiado. En lugar de que el poder legislativo constate la inexistencia de poderes en estados como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas, como marca el artículo 76 constitucional —cosa que se hizo en 62 ocasiones entre 1917 y 1975—, los senadores hacen de cuenta que no pasa nada y no es sino hasta que la dirigencia nacional de su partido se lo pide, que el gobernador en cuestión, llámese Vallejo o Aguirre, “solicita licencia”. En lugar de que las legislaturas estatales apliquen el tercer párrafo del inciso primero del artículo 115 constitucional, que las faculta a desaparecer ayuntamientos por causas graves, también se hacen las desentendidas y el ejecutivo federal propone descabelladas e inviables leyes que lo facultan para ello.

Todo, con tal de que el dinero público siga fluyendo en el sentido deseado por los integrantes del gobierno y de los partidos y agrupaciones políticas. Ni desaparición de poderes ni suspensión de garantías ni reconocimiento de perturbaciones graves a la paz pública en un país donde se denunciaron en abril pasado 26 mil desapariciones forzadas.

En esta situación, y como se van perfilando, las elecciones intermedias de 2015 no tendrán en realidad trascendencia alguna. No será modificando la relación de fuerza entre los partidos políticos —viejos, nuevos o en proceso de conformación, da igual— que quienes toman decisiones conducirán al gobierno mexicano a su indispensable trasformación de raíz.

En contra de la delincuencia organizada, del gobierno corrupto e inepto y sin el apoyo de los partidos políticos sobre los que se sostiene éste, la refundación nacional sólo será posible por medio de la presión organizada de la sociedad, como ha comenzado a ocurrir desde finales de septiembre pasado. Cada vez se escuchan más voces que, desde perspectivas y tradiciones distintas, convergen en la misma idea: refundar la república a través de un nuevo pacto social y político, a través de un congreso constituyente.

Propongo aquí un camino, de entre otros muchos posibles para lograr este objetivo: conforme a lo previsto en el inciso VII del artículo 35 constitucional, reunir las poco más de un millón 600 mil firmas (2 por ciento de la lista nominal de electores) necesarias para solicitar al Congreso de la Unión que el 7 de junio de 2015, al tiempo de las elecciones federales, el INE someta a consulta popular esta pregunta: “¿estás de acuerdo en que se convoque a un congreso constituyente con el fin de refundar la república a través de un nuevo pacto social y político que se exprese en una nueva constitución política de los Estados Unidos Mexicanos?”