Preguntas sobre la tragedia

por Pedro Salmerón Sanginés *

El viernes 7 de noviembre escuché el informe rendido por el procurador general de la república, licenciado Jesús Murillo Karam, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero; los 43 muchachos desaparecidos con la complicidad de los poderes del estado, de quienes el procurador nos dice que están muertos. En medio de la rabia y el dolor que me abrumaban, se me ocurrió esas misma tarde una acción inmediata, la única que en mi impotencia encontré: una huelga de hambre indefinida hasta que la autoridad nos diera respuesta a las preguntas fundamentales: ¿dónde están?, ¿qué les hicieron?, ¿quién se los hizo?, ¿por qué?

Las respuestas me hicieron mudar propósito, tras 36 horas de pasmo absoluto, de dolor que no me permite imaginar siquiera el de los padres y madres y esposas y hermanos y amigos de los 43 muchachos. Por un lado, muchos compañeros me recordaron la inutilidad de ese tipo de protestas y me pidieron reconsiderar. Por otro, veinte, treinta, cincuenta compañeros jóvenes de diversos movimientos sociales, de Morena y fuera de ella, estudiantes sin organización (aún), tan dolidos, tan impotentes, tan lastimados como yo, me aseguraron que acamparían a mi lado. Me pregunté si tengo derecho a ponerlos en riesgo, ante un gobierno tan insensible y despiadado como éste. No. No lo tengo. Con vergüenza por mi precipitación, me desdigo.

Pero hoy, domingo 9, recuerdo que soy historiador. Por lo tanto, desplegué frente a mí la versión completa de las palabras de Murillo Karam y resolví empezar a hacerle las preguntas que los historiadores hacemos a los documentos: ¿quién emitió el documento, a quién lo dirigió, de qué quiere convencer a sus destinatarios?, ¿cuál es el contexto político y cultural del documento? (y así por el estilo). Posteriormente, los historiadores confrontamos los documentos con otras fuentes y versiones y en el proceso buscamos la pequeña verdad que pueda contener. En eso, en la crítica y la confrontación de fuentes, consiste el oficio del historiador.

De la lectura del texto y de las argumentaciones oficiales no puedo extraer las respuestas que busco ni, menos aún, un atisbo de verdad. Lo único que me queda tras las declaraciones oficiales (la más importante de la cual es la de Murillo Karam el viernes) son una enorme pila de preguntas sin respuestas. Trataré de darles orden y prioridad:

1. ¿Cuándo, cómo, dónde?, ¿qué, quién?, son las primeras preguntas que un historiador debe responder, para de ahí elevarse a al por qué y el para qué. Las respuestas ofrecidas por la PGR a estas preguntas apuntan, todas, al entonces presidente municipal de Iguala, a su esposa y a los operadores, agentes y sicarios de un grupo delincuencial. Y, sin embargo, hay una enorme cantidad de huecos qué imposibilitan extraer una verdad mínima. La PGR no responde satisfactoriamente al “¿qué?” El fundamento de su hipótesis (el asesinato de los 43 muchachos y el calcinamiento de sus cadáveres) tiene bases muy endebles (los testimonios de tres presuntos partícipes) y enormes lagunas lógicas, y se contrapone a otras versiones también oficiales, como la del gobernador de Guerrero sobre la separación de los muchachos en varios grupos. El “¿qué?” no está resuelto.

El “¿quién?”, menos aún. Y eso que para llegar a esa pregunta tendríamos antes que dar por buena la versión de la PGR. Hagámoslo por un momento y sin conceder. Fueron asesinados y calcinados sus cadáveres, dice la PGR. Lo hicieron sicarios de un grupo delincuencial, ligado al alcalde de Iguala. Lo que no nos dice la PGR es quién ordenó el asesinato. ¿El alcalde?, ¿alguno de los cabecillas del grupo delincuencial?, ¿fueron órdenes de otro, más arriba, en otra parte? Mientras no resolvamos estas preguntas no podemos siquiera pensar en las siguientes, ¿por qué, para qué los mataron? Y todavía quedan varias: ¿quién ordenó disparar hasta matar a seis personas?, ¿quién ordenó desollar el rostro de un muchacho y dejarlo tirado en la vía pública?, ¿para qué? Y si no aceptamos la versión de la PGR las preguntas crecen y se multiplican, regresando a la pregunta clave: ¿dónde están?

2. Si no sabemos qué les pasó, si no sabemos quién lo ordenó, ¿cómo podemos siquiera pensar en responder el por qué y el para qué? Ningún periodista le preguntó eso al licenciado Murillo Karam en la rueda de prensa del viernes. Y las preguntas que se abren ahora mismo son infinitas y a cuál más especulativa. ¿Por qué querría un caciquillo de quinta, un politiquillo corrupto como hay tantos, eliminar a 43 muchachos? ¿Por qué querría un grupo delincuencial atraer sobre su radio de acción, sobre el terreno que al parecer controlaban tan eficazmente, los reflectores y la atención del mundo? Nada me resuelve en ese sentido, absolutamente nada, la desalmada rueda de prensa del señor procurador.

3. Saltemos hacia arriba. ¿Nos basta la excusa del gobernador?, ¿podemos creer o aceptar que la policía estatal no intervino porque el presidente municipal no le tomó la llamada?, ¿con eso nos quedamos? ¿Nos basta la excusa del procurador?, ¿nos bastan sus explicaciones sobre su actitud omisa frente a las demandas contra el presidente municipal desde 2012?, ¿nos basta saber que ni la dependencia a su cargo ni ninguna otra podían hacer nada, no vieron, no quisieron, no supieron hacer nada frente a la colusión de la autoridad municipal y de la policía municipal con el crimen organizado? Podríamos seguir preguntando, pero hagamos solo dos preguntas más: ¿para qué sirven las fuerzas policiacas, para qué están en México las fuerzas del orden? Y, ¿de cuántos presidentes municipales hay demandas o señalamientos similares a los recibidos sobre Abarca, que duermen el sueño de los justos en los archivos de la procuraduría?

¿De verdad nada sabía el señor gobernador?, ¿de verdad nada sabía el señor procurador?, ¿por qué las fuerzas a sus órdenes dejaron que ocurriera lo que ocurrió ese 26 de septiembre? Nada nos resuelve, nada nos explican las declaraciones del señor procurador sobre la actitud de las fuerzas públicas estatales y federales en aquella noche atroz… ni en los 45 días posteriores.

4. ¿Y el ejército, es decir, el 27o. batallón de infantería? Todos los testimonios sitúan a sus elementos a pocos pasos de donde ocurrió el secuestro. Algunos testimonios muestran a los soldados interviniendo de diversas maneras esa noche, impidiendo o dificultando el auxilio de los heridos, por ejemplo. ¿Quién tomó en el 27o. batallón —o más arriba— la decisión de permitir el secuestro? ¿Lo que quieren decirnos es que nos pueden secuestrar delante de elementos del ejército y que nuestros soldados, nuestro ejército, no hará nada?

5. Regresemos a la primera pregunta, el “¿qué?”. A las declaraciones del señor procurador, quien asegura que los estudiantes fueron ejecutados en algún momento anterior a la medianoche del 26 de septiembre y que desde la medianoche y hasta las 14:00 o 15:00 horas del 27 de septiembre los cadáveres fueron cremados en un basurero municipal de Cocula.

Si esto es cierto, es aterrador en muchos aspectos y se abre otra serie de preguntas: ¿cuántos individuos cometieron esta atrocidad? Una vez más, ¿quién se los ordenó? Pero sobre todo, y en función de las dos series anteriores, ¿cómo es posible que durante más de catorce horas se mantuvieran fuegos tan escandalosos como los que el señor procurador afirma que debieron de hacerse, en un lugar público, cercano a una población, inmediato a caminos transitados, sin llamar la atención de testigo ninguno ni, lo que es más importante, de las fuerzas del orden?

Las fuerzas estatales y federales, ya alertadas de los hechos, ¿qué hicieron a lo largo de una noche, una mañana y una tarde, mientras el fuego duraba horas, fuego de diésel, de gasolina, de elementos altamente combustibles? ¿Nadie vio, nadie olió nada? ¿Nadie, nada, nadie, cuando acababa de producirse a pocos kilómetros de ahí un secuestro masivo, cuando las policías y los soldados debieron desplegarse en busca de los secuestrados? ¿Es eso posible? Y luego pasaron varias horas más para recoger los restos calcinados, embolsarlos, tirarlos al río, desaparecer todo rastro útil para los exámenes periciales…

Todas estas preguntas salen, únicamente, de un caso, de un documento. ¿Cuántas fosas clandestinas se han encontrado en estos 45 días en los alrededores de Iguala? ¿Cuántas decenas de muertos no identificados? ¿Quién quiso eludir todas estas preguntas mediante el linchamiento mediático de un político de oposición? Y podríamos regresar a las mismas preguntas, o trasladarlas a Tlatlaya, a Nuevo Laredo, a Ciudad Juárez, a Apatzingán, a Ecatepec, a todo el país.

Y al releer estas preguntas, vuelve a embargarme la impotencia, a rebalsarme el dolor. Porque no veo a nadie a quién plantearle las preguntas, porque sé que el jefe del estado, licenciado Enrique Peña Nieto (responsable final de estas acciones y omisiones del estado, en sus tres niveles de gobierno) no sabe, no quiere o no puede responderlas. Tampoco sus empleados. Pero veo a las familias desfilando con su dolor a cuestas, veo a cientos de miles, a millones tocados en el alma. Ellos, quizá ellos, puedan responderme.