Política dentro y fuera del auditorio

por Gonzalo Amozurrutia *

El conflicto en torno al auditorio Che Guevara obliga a la toma de una postura, pero ello exige acercarse al problema con un mínimo de información y, sobre todo, tomar distancia de ciertos dogmas que suelen anteponerse cuando el tema es apenas mencionado. El objetivo de este texto no es posicionarse en la actual coyuntura, sino discutir la pertinencia de estos supuestos, pues son ellos, a mi entender, lo que en parte impide que el estudiantado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM genere un interés genuino por el problema y decida intervenir en él políticamente.

1. El primero de ellos es la creencia en que, desde 2000 hasta la fecha, los grupos que han ocupado el auditorio se han arrogado el derecho a usarlo. De ahí se siguen acusaciones de “apropiación ilegítima” o incluso de “privatización del espacio”. En realidad, independientemente del grupo en cuestión, cualquier miembro de la comunidad universitaria siempre ha podido acercarse al auditorio y solicitarlo para la realización de actos políticos y culturales. Evidentemente, existen procedimientos para la asignación del espacio, pero en principio éstos han sido de carácter técnico y logístico.

Quienes esgrimen este argumento en contra de la ocupación suelen olvidar que el uso de cualquier auditorio o sala en la facultad y en la universidad supone un trámite burocrático que a veces toma meses y que no siempre termina bien. Olvidan por ejemplo que, en nuestra facultad, los actos propuestos por alumnos para el Aula Magna tienen que contar con el visto bueno de los coordinadores de los colegios. Cabe preguntarse, ¿cuál es el criterio técnico o logístico que puede incumbirle a un coordinador de área? Se supone que se trata de criterios académicos, pero la delgada línea que separa a éstos de los políticos es trazada necesariamente por quien tiene el poder; es decir, por ellos.

2. Esto nos lleva al segundo dogma: a saber, que lo que está en manos de las autoridades está en manos de la comunidad. Existe al respecto una muy marcada ignorancia en torno a los procesos de asignación de espacios por parte de la burocracia universitaria; procesos que, si fueran divulgados, quizá despertarían mucha más indignación que la que despierta la ocupación del auditorio. Porque los criterios del Patronato Universitario no son otros que el mismo amiguismo, parentela y clientelismo que caracterizan a cualquier aparato de estado en nuestro país. De ahí que no sea raro que cafeterías, puestos de dulces y fotocopiadoras den todos un pésimo servicio a cambio de precios exorbitantes.

Lo sorprendente es que el estudiantado soporte estoicamente los malos tratos, la pésima calidad de los productos y el robo en despoblado que suponen los precios de los concesionarios, sin decir ni una palabra ni levantar la voz con insultos y descalificativos como a veces lo hace al hablar del auditorio. Esas concesiones sí suponen la privatización del patrimonio, mientras que sus procesos de asignación permanecen en la oscuridad y a espaldas de los estudiantes. ¿Puede decirse, entonces, que las autoridades representan el interés común? ¿No se trata de vulgares despojos auspiciados por ellas? ¿Son legítimas esas apropiaciones?

Por supuesto se argumentará “que los concesionarios se apropien ilegítimamente del patrimonio no justifica que la ocupación lo haga”. Sin pretender decir aquí una verdad absoluta, lo que hay que considerar a la hora de evaluar la legitimidad de la ocupación del Che Guevara —y que casi nunca se considera— es la historia misma. ¿Puede una comunidad ser otra cosa que el producto de su propio desarrollo histórico? ¿Pasan sobre esa historia, ninguneándola, las leyes y las instituciones? Lo que otorga legitimidad a un proceso es la fuerza real que lo sostiene, y esa fuerza se compone de muchos factores.

En primer lugar, el auditorio como espacio de la lucha estudiantil independiente es producto de la huelga de 1999-2000. Las razones y las consecuencias de esa huelga pueden apreciarse de modos distintos, pero no puede negarse que fue un hecho histórico fundamental que sigue condicionando a la UNAM tal como ahora la vivimos y conocemos. En ese sentido, el auditorio representa la inercia de ese movimiento; mientras siga habiendo gente en la universidad que reivindique y sostenga sus principios como formadores de la institución actual y como componentes sustanciales de la memoria colectiva de su comunidad, la ocupación tendrá razón de ser.

Hay otros elementos, definitivamente menos idealizables, que forman parte de la correlación de fuerzas y que por ello deben ser consideradas para evaluar su legitimidad. En primer lugar, está la llamada “comunidad” estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella sería la auténtica y única legítima signataria del derecho a administrar el auditorio. Ahora bien, lo cierto es que, desde 2000 para acá, esa comunidad ha sido francamente incapaz no ya de articularse y organizarse, sino incluso de pronunciarse de modo conjunto en torno al problema. Si una comunidad se define por la capacidad que tiene para defender los intereses de sus miembros, entonces habrá que cuestionar si esta comunidad verdaderamente existe. Porque es evidente que el asunto le concierne directamente a sus estudiantes y que, en consecuencia, podría aglutinarlos a todos en torno a la resolución del problema.

Pero eso no ha acontecido; cuando parecía encenderse la chispa en 2008, se apagó en un par de semanas. Los más duros detractores de la ocupación resuelven esto de forma muy simple: la comunidad no tiene ninguna necesidad de definir ni mucho menos de defender sus intereses porque para eso están las autoridades. Democracia mínima, lógica y coherente desde el punto de vista analítico, pero muy cuestionable para las miradas críticas que hasta hace un par de décadas solían caracterizar a nuestra escuela. Por lo demás, ya hemos hablado de las limitaciones de las autoridades universitarias a la hora de defender el interés común. La pregunta que hay que hacerse es: ¿quién puede escuchar a una comunidad que no habla?

3. Esto nos lleva al siguiente dogma, asociado con el carácter de las discusiones que suelen darse entre detractores y defensores de la ocupación. Mientras que los segundos asumen plenamente que la discusión es necesariamente política y, en consecuencia, usan conceptos como derecha, izquierda, reaccionario, conservador y revolucionario, los primeros dan por hecho que se trata de un problema de legitimidad institucional en el cual la política no tiene cabida. Todo se resuelve, según ellos, apelando a lo que dice la Legislación Universitaria. Por otro lado, se arguye que los adjetivos y conceptos usados por la otra parte no sólo están fuera de lugar, sino que “polarizan”, “descalifican” e “insultan”.

Se trata de problemas de fondo muy asociados con el punto anterior. Si la comunidad es incapaz de pronunciarse en defensa de sus intereses es, posiblemente, porque es reacia a adoptar una posición política determinada, lo cual requiere de una discusión política previa que permita fijarla. Esto es lo que diferencia a esa “comunidad” de los grupos que ocupan el auditorio desde 1999. Estos últimos están organizados en torno a fines políticos concretos, discuten cotidianamente si su praxis es coherente con esos fines y mantienen discusiones paralelas con otros grupos semejantes. En tanto son conscientes de que sólo a través de un programa político determinado pueden defender sus intereses colectivos, esos grupos constituyen comunidades con una capacidad de influir en la realidad, de la cual carece la “comunidad estudiantil” de la facultad.

En la medida en que la universidad no es homogénea (en ella conviven individuos de diversas clases sociales, con historias de vida distintas y con filias políticas variadas), ningún programa podrá satisfacer plenamente los intereses de todos; de ahí que en las discusiones entre proyectos distintos surjan antagonismos y sean necesarias palabras para referirse a ellos. No son estos conceptos los que “polarizan” o “descalifican”; es la propia realidad la que resulta heterogénea y contradictoria, la que requiere de esas palabras para ser discutida. Si hasta ahora el resto de la comunidad estudiantil se ha mostrado reticente a dialogar de ese modo, a utilizar esos conceptos, no es porque sea “tolerante” y “plural”, sino porque no se ha atrevido ordenar sus intereses de acuerdo con una posición y un programa político que le permita luchar por ellos.

Sin considerar estos problemas, los críticos de la ocupación acusan de “intolerante” a todo aquel que identifica sus críticas como afines a los intereses de las autoridades o de alguna clase social en particular. Pero sería inocente creer que no tomar posición política alguna equivale a la neutralidad política. Cuando se dice que la política no es para los estudiantes porque para eso están las autoridades que los representan, se da por hecho que éstas son impolutas y que no defienden intereses de otro tipo que los estudiantiles. Si asumimos que la huelga del 1999-2000 fue un hecho político que se expresó como la contradicción entre intereses antagónicos, y que el auditorio mantiene la herencia de ese conflicto, ¿cómo podrá el argumento anterior no estar al servicio de la posición política que en aquel entonces tomó la rectoría? No se le puede dar a la burocracia un cheque en blanco haciendo tabla rasa del pasado; ella misma tiene sus intereses y aquél que abogue por cederle todas las decisiones estará defendiendo, necesariamente, esos mismos intereses.

En ese sentido, la posición que aquí criticamos condena al estudiantado a una situación de dependencia en la que delega a un grupo con intereses distintos a los suyos decisiones que le atañen directamente. Peor aún, hace pasar esa dependencia por autonomía, pues asume que la comunidad no está tomando partido por ninguna agrupación política al no manifestarse políticamente. Aquí sostengo que para que la comunidad intervenga en el conflicto tiene que articular sus intereses conforme a un programa y una posición política determinados por ella misma y tras un amplio proceso de discusión democrática. Pero esto supone el abandono de los dogmas respecto a lo que es políticamente correcto; es decir, supone asumir la politicidad de sus acciones.

Los estudiantes tendrían que ser honestos y hablar frontalmente de lo que consideran que son sus propios intereses. Y si su posición es conservadora, asumirla como tal y defenderla hasta el final, de manera verdaderamente autónoma e independiente; lo mismo si se trata de una posición progresista identificada con ideas anarquistas o comunistas. A mi modo de ver, el miedo a los “ismos” (alimentado en nuestra facultad por la ortodoxia posmoderna) nos ha impedido intervenir con independencia en la resolución de los problemas que nos afectan. Y no es que se tenga que ser comunista o anarquista; sólo se trata de reconocer que existen referentes políticos e históricos válidos en los cuales encontrar algunas claves para la articulación de nuestras demandas. En todo caso, si empezamos la discusión negando su carácter político, jamás llegaremos a ningún lado, pues las posiciones no podrán decantarse ni tendrán siquiera la oportunidad de demostrar que una u otra representan mejor al interés general. La única posición que gana de antemano esa partida, sin siquiera haberla jugado, es la de la burocracia universitaria.

4. Finalmente, es necesario señalar que los procesos no son homogéneos ni unívocos. Que la ocupación del auditorio mantenga la herencia de la huelga de 1999-2000 no quiere decir que lo que haga en toda su pureza (si es que ésta la tuvo) ni que sea una viva imagen de la misma. Mientras una parte de los ocupantes usen el espacio como albergue o como refugio para consumir drogas, mientras el trabajo realizado guarde poca relación con los problemas de los estudiantes y no se esfuerce por sensibilizarse al respecto, habrá en ese proyecto fuertes contradicciones con las ideas y el espíritu que alimentaron ese legendario movimiento. Con todo, la vitalidad que tienen esas tendencias, así como la incapacidad de los ocupantes serios para superarlas, dan cuenta también del triunfo de la apatía política en la universidad, y del retroceso constante de la genuina política revolucionaria.