Anhelos y carencias de la reforma educativa

por Wilphen Vázquez Ruiz *

Hace unas semanas el Observatorio de Historia presentó un análisis referente a los principales cambios que el país enfrenta, y habrá de enfrentar, a partir de las reformas constitucionales que el partido oficial lograra en consenso con las principales fuerzas políticas. En nuestra intervención anterior, y en ésta que ahora presentamos, ampliamos algunos datos que deben ser considerados para comprender la necesidad y, en su caso, la aceptación o el rechazo a la reforma educativa.

Quizá el principal motivo que suscita una reforma de tal envergadura se funda en las capacidades cognitivas adquiridas y desarrolladas por un alumno a lo largo de su vida, proceso en el que los primeros años de formación son fundamentales. A ese respecto señalamos que, de acuerdo con la prueba ENLACE 2013, los alumnos de tercero a sexto de primaria tenían capacidades insuficientes o elementales en el 51.2 por ciento de los casos para matemáticas y 57.2 por ciento para español; para los alumnos de secundaria, los porcentajes eran de 78.1 por ciento y 80.3 por ciento respectivamente. En lo tocante a formación cívica y ética,  los alumnos de primaria tenían un manejo deficiente en 54.6 por ciento de los casos y los de secundaria en el 42.8 por ciento. Con tales cifras, ¿es permisible negarse a la reforma educativa? Por supuesto, la situación es por demás compleja y no puede resolverse tan sólo con una negativa rotunda o con una aceptación total. Por ello es necesario considerar lo que esta reforma pretende y la realidad a la que ella se enfrenta.

En resumen, la reforma educativa aprobada en diciembre de 2012 establece lo siguiente: crear el Servicio Profesional Docente (SPD); elevar a rango constitucional y dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); fomentar la autonomía en la gestión de las escuelas y promover el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC); crear el Sistema de Operación y Gestión Educativas (a fin de realizar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes); y, finalmente, impulsar el suministro de alimentos nutritivos en los planteles en perjuicio de la comida “chatarra”. Analicemos esto.

Comencemos con el INEE. ¿Dotarlo de autonomía asegura que no siga el camino de otras instituciones como el IFE o la Auditoría Superior de la Federación? El primero cayó en manos de los partidos políticos y la segunda carece de medios para obligar a la rendición de cuentas.

¿Qué hay del SPD? Éste por sí mismo es inobjetable, pero es por demás optimista esperar que rinda buenos resultados ante las condiciones en que se instrumenta. Aquí es imperativo señalar que no hablamos en defensa de las canonjías de las cúpulas sindicales del SNTE o de la CNTE, sino del profesor a pie de calle y los estudiantes de las normales. Los primeros por los raquíticos salarios que obtienen y los segundos por la reducción en casi un 40 por ciento de los recursos destinados al Sistema de Normales Públicas. Por supuesto, tampoco ha de aceptarse un rechazo por parte del profesorado para el desarrollo y aplicación de mecanismos que eleven sus conocimientos y capacidades (así como las de los alumnos), pero esto no podrá lograrse si los profesores no son involucrados en el proyecto. Cabe señalar, además, que mediante estos mecanismos el estado busca recuperar lo que de facto ejercía el SNTE y algunas secciones de la CNTE; esto es, el control de la educación misma y de los recursos que a ella son destinados.

Acerca del PETC, el establecimiento de este tipo de planteles no se logra simplemente por decreto: en ello tienen que ver la planeación, la infraestructura existente y, más que nada, los recursos de los que se dispone. Ninguno de estos elementos parece ser tomado en cuenta de manera sensata.

En cuanto a venta de la comida “chatarra” en las cooperativas escolares, bastará con que las compañías que la producen reduzcan el gramaje de las porciones para que éstas sean “aceptables” para las autoridades competentes.

Considerando lo anterior, observamos que el común denominador de estos puntos está en la carencia de instituciones confiables, por lo que las pretensiones de la reforma educativa probablemente no pasen de ser un buen deseo. Ahora bien, como toda iniciativa, la propia reforma abre posibilidades nada despreciables siendo la más valiosa (tal vez) que, llegado el caso, la propia autoridad educativa tendrá que responder por vía judicial si no cumple sus cometidos —lo cual de respetarse obligará a crear sinergias en pro de la calidad educativa—. Pero nada ha de lograrse sin la inclusión y participación efectiva de todos los actores y factores involucrados, incluyendo a la sociedad civil. No basta con satanizar a los maestros; el problema es de todos nosotros.