Pobreza educativa en México

por Wilphen Vázquez Ruiz * 

2013 fue un año que marcará, para bien o para mal, el devenir de México en los próximos años por las reformas que la administración encabezada por Enrique Peña Nieto logró concretar junto con los partidos de oposición, ya fuese por la anuencia de los mismos o por su retiro en las negociaciones: educativa, telecomunicaciones, fiscal, política y energética. Todas ellas presentan posibilidades y riesgos que deben ser considerados antes de establecer un rechazo o una aceptación total.

En lo que se refiere a la reforma educativa —sobre la que versará este comentario—, al igual que otro tipo de decisiones semejantes, los resultados no serán inmediatos y en el mejor de los casos sólo serán claramente visibles en unas décadas; sin embargo, la existencia de indicadores diversos siempre nos permitirá considerar lo que se ha establecido y, en su caso, sugerir un cambio de estrategia.

Entre los países de América Latina, de acuerdo con un estudio elaborado por la UNICEF y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 2006, resultaba urgente para los países de la región ampliar el acceso a la educación pre-primaria y primaria, así como mejorar la calidad de los niveles subsecuentes. En el ámbito urbano, el 40 por ciento de los niños sólo era capaz de ejecutar ejercicios básicos. De manera particular en México el 44 por ciento de los niños de 15 años de edad no realizaba tareas elementales como hacer inferencias de baja dificultad, hallar el significado de partes definidas de un texto, a la vez que tampoco empleaban algún conocimiento para entenderlo. Como dato comparativo este promedio entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la que pertenecemos por alguna razón, era apenas del 18 por ciento. Cabe añadir que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de 2013, entre los miembros de la citada organización México tenía el último lugar en calidad educativa.

Ahora, en el plan se detalla que el sistema educativo nacional atiende a más de 35 millones de niños y jóvenes en la modalidad escolarizada, de los cuales más del 73 por ciento cursa la educación básica, siendo atendido por 1.2 millones de profesores. Si nos atuviéramos a las cifras, éstas podrían ser alentadoras; empero, en términos de eficiencia, por cada cien infantes que ingresan a la primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma, lo que de acuerdo con el propio plan ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media, que en la actualidad es del 66.3 por ciento, contemplando a 4.4 millones de jóvenes. De ellos cerca del 86 por ciento —3.3 millones— logra inscribirse a una institución de educación superior, lo que representa una cobertura de apenas el 29.2 por ciento.

Si a los datos anteriores añadimos que el 40 por ciento de la población adulta —32 millones que incluyen a 5 millones de analfabetas— no ha completado la educación básica, comprenderemos que la integración al mercado laboral para estos segmentos de la población se ve seriamente dificultada. Y qué decir de las oportunidades para acceder a mejores empleos. Esto necesariamente nos lleva a considerar el gasto que se destina a educación como cantidad total y como porcentaje del producto interno bruto.

Entre los miembros de la OCDE, este porcentaje promedia el 6.3, superior tan sólo en 0.1 por ciento al que México destina a tal fin. En números del presupuesto de egresos de la federación, fijado en más de 467 billones de pesos para 2014, la dependencia con el mayor presupuesto es la Secretaría de Educación Pública, misma que contará con cerca de 290 mil millones de pesos en un ejercicio superior en 110 por ciento al de 2006. Con tal cantidad de recursos la pregunta obligada es, ¿por qué tenemos un nivel educativo muy inferior con respecto a otros países? La respuesta reside en dos elementos: la manera en que los recursos son asignados y la corrupción propia de nuestras instituciones.

Del presupuesto de la SEP, el 93.3 por ciento se destina a la remuneración del personal en su conjunto, de lo cual el 83.1 por ciento se destina a los sueldos del profesorado. Como dato comparativo, estos porcentajes dentro de la OCDE son del 78.2 por ciento y del 62 por ciento respectivamente. Esto implica que, a pesar de los cuantiosos recursos destinados a la SEP, el gasto por estudiante es bajo y los aumentos para el ejercicio presupuestal no se han traducido en mejoras significativas ni para el alumnado ni para los profesores. Baste decir que el gasto anual por los estudiantes de primaria es de 15 por ciento del PIB per cápita, del 17 por ciento en la secundaria y la educación media superior, y de 52 por ciento en el nivel superior. En conjunto se promedia un 20 por ciento, muy inferior al 28 por ciento ejercido por los demás miembros de la OCDE.

Mencionamos que la remuneración de los profesores no es la mejor y ello se evidencia en el hecho de que en tanto los docentes de Luxemburgo devengan 64 mil dólares anuales, los de Estados Unidos 38 mil, los de España 36 mil y los de Finlandia y Corea del Sur 30 mil y 28 mil dólares respectivamente (cabe mencionar que estos dos últimos países han obtenido los mejores resultados del mundo en la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés), en México los salarios promedian 15 mil. Ahora bien: ¿esa es la remuneración real de nuestros maestros cuando es una realidad conocida la economía paupérrima de estos trabajadores de la educación, particularmente en el ámbito rural? La terca realidad desmiente las cifras en tanto que los resultados nos agobian.