Arte público

por Alicia del Bosque *

El escándalo provocado por la irresponsable restauración de la escultura más famosa de Manuel Tolsá puso de manifiesto, una vez más, que la suerte del patrimonio histórico y cultural mexicano es uno de esos asuntos que todavía importan colectivamente y suscitan amplia atención mediática. (Claro que también hizo evidente la facilidad y casi desparpajo con que puede burlarse la autoridad del INAH; que a menudo se pasa por alto  —por descuido o mala fe— que en asuntos de patrimonio el INAH no es una mera dependencia académica a la que puede consultarse sino, efectivamente, la autoridad pública, el órgano del estado encargado de preservar la propiedad arqueológica e histórica de la nación, y también que el último cronista oficial de la ciudad de México, Guillermo Tovar y de Teresa, está peleadísimo con Alejadra Moreno Toscano, coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico. Pero eso es otro asunto.)

Apenas tres días después de que el INAH hizo público el dictamen sobre los daños producidos al Caballito, un juez federal ordenó a la Semarnat y a la Sagarpa suspender todas las acciones relacionadas con los permisos para cultivar maíz transgénico con fines experimentales y comerciales —permisos que unas cuantas corporaciones multinacionales han estado negociando en los últimos años—. (Aquí la nota de El Economista). La acción judicial es apenas una primera respuesta a la demanda de acción colectiva en defensa del derecho constitucional al medio ambiente presentada en julio por un grupo de organizaciones ambientalistas (cuyos representantes hablan aquí con Carmen Aristegui). Aunque la acción judicial no supone de ninguna manera el final del asunto, se trata indudablemente de una importante victoria de quienes buscan proteger  la biodiversidad mexicana, y su carácter como bien mostrenco, de las compañías que quieren comercializar organismos genéticamente modificados patentados por ellas mismas.

En ambos casos, patrimonio es la noción que ha permitido que un gran número de personas e instituciones del estado se involucren en discusiones que, por su propio carácter técnico, no pueden ser comprendidas por todo el mundo. Dicho de otra forma, lo que vuelve a un bronce neoclásico o al germoplasma de una planta materia de discusión pública es un acto de apropiación social, la decisión de considerarlos propiedad colectiva, en un caso amparada por el estado y en el otro por un grupo de ciudadanos. De esa decisión resulta que ni el bronce es de la ciudad de México ni el maíz de quien lo patenta.

Dada esta semejanza de origen, esta similitud conceptual, resulta un tanto sorprendente —y más: lamentable— constatar las diferentes maneras en que los distintos actores piensan y usan el concepto de propiedad colectiva, así como la disociación de sus acciones. Por una parte, ocurre que quienes —por las razones que sean— reaccionan preocupados cuando se dañan o destruyen obras de arte imponentes o prestigiosas, parecen del todo indiferentes ante la suerte de la privatización de facto del maíz, la industria petrolera o el sistema educativo, como si los únicos bienes colectivos dignos de serlo fueran objetos decorativos y “culturales”. Por la otra, ocurre que lo mejor del discurso de los defensores del maíz tiende a centrarse en lo biológico y lo legal, como si no fuera posible —más allá de repetir que el maíz es parte del “alma mexicana” o alguna otra tontería semejante— articular su carácter patrimonial en términos históricos y culturales: como la creación colectiva de miles y miles de campesinos tan creativos, ingeniosos y perseverantes como el agraciado Tolsá.

En ese sentido, el doble lenguaje del estado —el arte antiguo está protegido por las leyes, la agricultura es una actividad económica que no pertenece al patrimonio cultural— tiene que entenderse como un fósil de las taxonomías epistemológicas del siglo XIX, indefendible lo mismo académica que políticamente. Tanto o más que los edificios  y los artefactos producidos en el pasado, las prácticas sociales que actualizan saberes milenarios —y sus productos— deberían también estar sujetas a la protección gubernamental. Por ello es una pena que a la inclusión de la cocina mexicana en la lista de patrimonio intangible de la humanidad de la UNESCO (en 2010) no haya seguido una reforma y expansión del Instituto Mexicano de Protección Industrial —para definir a los maíces, sus formas de cultivo y sus preparaciones como “denominaciones de origen”— o, simplemente, su incorporación explícita al ámbito de competencia del INAH.