Fausto Alzati, similares y conexos

por Luis Fernando Granados *

El mismo día en que despidió a Sergio Raúl Arroyo, el secretario de Educación Pública nombró a Fausto Alzati director de Televisión Educativa. Sí, ese mismo Fausto Alzati que, no contento con haber dirigido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los últimos años del salinato, en diciembre de 1994 tuvo la desfachatez de tomar posesión como secretario de Educación Pública —ostentándose siempre como doctor en economía política y gobierno por la Universidad Harvard.

Apenas nueve días después de iniciado el nuevo gobierno, Jessica Kreimerman, reportera de Reforma, reveló que el doctorado de Alzati era, como se decía entonces, cachirul, o sea falso. (El término, derivado del nombre “artístico” del vetusto Enrique Alonso, se había empleado por primera vez para ridiculizar el que la Federación Mexicana de Futbol hubiera falsificado las actas de nacimiento de un puñado de seleccionados nacionales juveniles en 1988.) Tras un primer intento de confundir a la opinión pública —argumentando que lo único que le faltaba para obtener el grado era un trámite (que resultó ser el examen profesional)—, el doctor Alzati ofreció una disculpa por el hecho de que “algunas amigos u otras personas me llaman doctor y no candidato”. (Éstas y las demás referencias provienen de la hemeroteca de Reforma; aquí está una versión libre de la nota de Kreimerman.)

Como si se tratara de una comedia, sin embargo, pocos días después La Jornada reveló que tampoco la licenciatura en derecho que el doctor Alzati decía haber obtenido en la Universidad Autónoma de Guanajuato era verdadera. El remate, más bien cantinflesco, lo ofreció el propio doctor Alzati a principios de 1995: “Prefiero que me llamen por mi nombre —dijo a Norma Jiménez de Reforma el 13 de enero—, y en general me parece que deberíamos ir haciendo en este país un ejercicio de antisolemnidad porque nos va a ayudar a ser más democráticos e igualitarios.” Diez días después, el 23 de enero, el abogado de la antisolemnidad fue despedido. (Sólo tres años más tarde, en 1997, obtuvo finalmente el grado que hoy lo adorna.)

En vísperas del desenlace, Humberto Musacchio —cuya “República de las Letras” aparecía todavía en Reforma— hizo notar que, en sus años al frente del Conacyt, el doctor Alzati había dispuesto que el grado mínimo indispensable para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, esa “institución de beneficencia que sirve para paliar los míseros salarios de nuestros científicos”, fuera, precisamente, el doctorado.

En retrospectiva, el comentario de Musacchio asombra por su agudeza profética: si la inflación de títulos, promovida, entre otras instituciones, por el Conacyt, ya era un problema a mediados de los años noventa, en la actualidad la espiral parece haber alcanzado proporciones verdaderamente enfermizas. Como la pulsión social por ostentar un doctorado —y aquí “ostentar” no es mero sinónimo manido— está en gran medida vinculada con el deseo o la necesidad de pertenecer al SNI, o al menos tener una plaza de tiempo completo en una universidad o centro de investigación, la cantidad de fraudes que infestan la vida académica en nuestro país no debería sorprender a nadie.

Que un profesor como Boris Berenzon robe pasajes de un libro ajeno para obtener su doctorado en la UNAM; que una profesora como Adriana Álvarez Sánchez presente intacta su tesis de maestría de la UNAM, «enriquecida» con apenas tres capítulos, para obtener un doctorado en la Universidade de Santiago de Compostela (como puede comprobarse comparando este documento con este otro), o que —como se muestra en el blog Filosofía sin plagio— los profesores Célida de los Ángeles Godina y Jesús Rodolfo Santander, ambos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, recurran con frecuencia al plagio en sus publicaciones, son actos que no pueden simplemente denunciarse y, si todavía es posible, castigarse.

(No se piense, sin embargo, que semejantes comportamientos han sido causados por la fragilidad de la civilización en estas tierras. Se recordará que apenas en febrero pasado Annette Schavan, ministra de educación del gobierno de Angela Merkel, renunció a su cargo cuatro días después de que la Universidad de Düsseldorf la despojó de su doctorado cuando se comprobó que había hecho pasar trabajo ajeno como propio en su tesis —véase esta nota de Deustche Welle.)

Como hace una veintena de años en el caso del doctor Alzati, el problema de fondo es mucho más grave y está más extendido de lo que se piensa o deseamos reconocer: es la existencia de una estructura institucional, de una política toda, para la cual el doctorado es un fetiche y cada vez más un requisito, y para la cual la publicación incesante —de lo que sea, casi— es la única medida posible de calidad científica. Sin esos incentivos institucionales, ni los doctores Alzati, Berenzon y Álvarez Sánchez, ni los profesores Godina y Santander, ni todos sus semejantes, habrían tenido por qué ensuciarse las manos del modo en que lo han hecho.