Policía y buen gobierno

por Alejandro Herrera Dublán *

En memoria de los 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas

A lo largo del año, casi todos los medios de información han dado cuenta del surgimiento de organizaciones civiles armadas en no pocas regiones del territorio nacional. Sin embargo, son pocos los medios que hacen distinción entre las policías comunitarias y las que se ha dado en llamar “autodefensas” (un caso de esos pocos puede verse aquí). Estas últimas son en realidad organizaciones formadas para proteger intereses privados. Así ocurrió en la década de 1980 en Colombia, y así sucede hoy en lugares como la Costa Chica de Guerrero, en donde la iniciativa privada ha comenzado a impulsar la formación de asociaciones armadas (véanse los documentales Sicarios del capital e Impunity).

Desde los inicios del régimen virreinal, la palabra policía fue usada como sinónimo de «buen gobierno». Según Regina Hernández Franyutti, policía se refería “al conjunto de prácticas y ordenamientos administrativos que se aplican para normar la vida urbana y estimular la convivencia social” («Historia y significados de la palabra policía en el quehacer político de la ciudad de México: Siglos XVI-XIX«, en Ulúa 3: 5 [enero-junio 2005]: 12 [véase aquí]). El buen gobierno comenzaba en la instancia administrativa más cercana a la comunidad: el ayuntamiento. Los españoles que organizaron el estado colonial en América impusieron este concepto y práctica a los dirigentes indígenas sobrevivientes al proceso de conquista.

Policía comunitaria es un término al que ya apelan algunas poblaciones marginadas guerrerenses desde la matanza de campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas. El término designa de manera específica a los cuerpos armados de protección conformados por los mismos miembros de estas poblaciones. Ello a raíz de la ineficacia de los tres niveles de gobierno para satisfacer la primera obligación del estado: la seguridad pública. Cabe señalar que Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero durante la matanza, no ha sido hasta ahora juzgado por su responsabilidad en el hecho —gracias, en buena medida, a la protección que le brindaron Emilio Chuayfett y Arturo Núñez Jiménez, actual gobernador de Tabasco y asesor de Andrés Manuel López Obrador (véase al respecto esta nota).

En realidad, buen gobierno no es un calificativo que pueda usarse para describir las administraciones de Guerrero. El ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, padre de Figueroa Alcocer (quien es, por cierto, compadre del ex presidente Ernesto Zedillo), defendió muy eficientemente los intereses de los grupos dirigentes del estado. Durante su mandato, entre 1975 y 1981, se desmantelaron los restos de la guerrilla formada por el profesor Lucio Cabañas, quien había secuestrado a Figueroa Figueroa cuando éste era senador. Cabañas fue asesinado en una emboscada en 1974, convirtiéndose así en una de las víctimas más sonadas de la guerra sucia en México.

Recientemente, apenas en 2012, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la misma Normal Rural de Ayotzinapa de la que egresó Cabañas fueron asesinados durante un operativo que involucró a elementos de la policía federal y la policía ministerial de Guerrero. Los dos estudiantes, junto con sus compañeros normalistas, protestaban con un bloqueo a la autopista México-Acapulco el abandono de las normales por parte del gobierno del estado.

El actual gobernador, Ángel Aguirre Rivero (ahora perredista, antes priista y de hecho gobernador sustito tras la licencia que Figueroa Alcocer pidió en 1996 después de la matanza de Aguas Blancas), debe considerar que su estado tiene tan buen gobierno como para andar de gira en estos días en el extranjero. La gira busca, presuntamente, promocionar la actividad turística del estado, cuya imagen resultó muy dañada por las recientes violaciones de seis mujeres españolas que vacacionaban en Acapulco.

Si no hay cuidado en el uso de la palabra autodefensa, ni se rastrea el significado antiguo de la palabra policía, ¿por qué habríamos de esperar que los medios informen, por ejemplo, sobre los indígenas del sureste mexicano que llevan años promoviendo y sosteniendo proyectos que, no por casualidad, son llamados «juntas de buen gobierno»? ¿Cómo entonces valorar la conexión simbólica e histórica que une a esos mismos indígenas con la guerrilla del cura colombiano Camilo Torres en la década de 1960, el Frente Sandinista en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí en El Salvador? ¿Cómo esperar que los medios nos informen sobre las semejanzas que hay entre el Plan Colombia y el Plan Mérida? ¿Y qué hay de investigar acerca de si hay o no alguna relación entre la falaz “guerra contra el narcotráfico” y la aprobación de la reforma migratoria que quiere convertir a la frontera de Estados Unidos con México en una zona abiertamente militarizada? El trabajo de uno o muchos (entre más mejor) profesionales de la historia comparada de Latinoamérica, sin duda, nos podría ayudar mucho.