Diminuta y endogámica

por Luis Fernando Granados *

El viernes por la tarde, en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, se llevó a cabo una mesa redonda para discutir “El futuro de la investigación en humanidades en México”. El encuentro —organizado por Alicia Mayer, directora del Instituto de Investigaciones Históricas— forma parte de una serie de consultas que la Academia Mexicana de las Ciencias y el Conacyt está realizando a petición del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República para que el gobierno de Enrique Peña Nieto diseñe su política científica.

Dos filósofos, una lingüista y un historiador —todos connotados, todos elocuentes— se encargaron de ofrecer un diagnóstico sobre el estado de sus disciplinas y, de manera más ambiciosa, sobre la función social de las humanidades en México. En conjunto, ofrecieron una apreciación que no por conocida es menos significativa, sobre todo en función del destinatario último de sus reflexiones: lejos de ser adorno, las humanidades son indispensables para comprender y transformar al país. Las intervenciones de Valeria Belloro, Gustavo Leyva y Mario Teodoro Ramírez merecen por supuesto un análisis en sí mismas; por razones obvias, sin embargo, prefiero detenerme aquí en lo dicho por Alfredo Ávila —aunque lo que sigue no es exactamente una reseña.

La presentación de Ávila es importante por varias razones. En primer lugar, porque su inclusión en la mesa lo convirtió de hecho en una suerte de portavoz de quienes nos dedicamos profesionalmente a la historia. En segundo lugar, porque se trata de un historiador que —además de contar con el reconocimiento de sus colegas— tiene alguna experiencia administrativa, lo que sin duda le ha dado una perspectiva menos pueril o incendiaria de los problemas que aquejan a la disciplina. En tercer lugar, y sobre todo, porque su diagnóstico es a la vez revelador y profundamente crítico —y eso que no hizo una sola mención al Sistema Nacional de Investigadores, que tanto daño ha causado a la práctica historiográfica en nuestro país.

Una primera constatación de capital importancia: la historia es una profesión extraordinariamente pequeña y por ello marginal. El cálculo de Ávila es que en México hay apenas 18 historiadoras por millón de habitantes, lo que debe querer decir —esto es, si no he cometido un error aritmético— que la comunidad historiográfica mexicana es un poco mayor de 2 016 personas. (En 2010, mientras tanto, el INEGI contó unos 12 millones de personas con “nivel profesional”.)

De más está decir que sólo una muy pequeña minoría de las historiadoras graduadas se dedica a la investigación y la enseñanza universitaria (como es fácil inferir comparando el breve número de profesoras-investigadoras con los 200 estudiantes poco más o menos que entran cada año a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM). El país cuenta apenas con una veintena de programas de posgrado y produce anualmente menos de 50 doctores en historia, concentrados además en dos instituciones: la UNAM y el Colmex, alma mater de 30 de ellos en 2008 y de unos 20 el año pasado. (Para quien quiera sacar conclusiones comparativas, Ávila mencionó que Brasil cuenta con 63 programas de posgrado en historia.) Lo paradójico de esta situación es que el mercado laboral para quienes han alcanzado el grado académico terminal está virtualmente cerrado; esto es, que —pequeña como es— la oferta de historiadoras profesionales es mucho mayor que la demanda de profesoras-investigadoras universitarias.

Conviene aclarar que estas cifras son más indicativas que demostrativas porque, como también recordó Ávila, no existe información estadística confiable —entre otras cosas porque México carece de una asociación profesional de historiadoras como la estadounidense American Historical Association—. Pero sin duda ayudan a poner las cosas en perspectiva, al menos respecto de dos asuntos fundamentales.

Por una parte, el problema de la formación profesional. Como sabe casi todo el mundo —y en este espacio evidenció Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez hace unos meses—, la formación de las historiadoras no guarda relación con las exigencias del mercado laboral. Dicho de otro modo,  las universidades siguen formando investigadoras —y, por cierto, con una muy incipiente formación pedagógica— cuando que sólo entre el 10 y el 20 por ciento de sus egresadas consiguen dedicarse a la enseñanza universitaria, que es el único ámbito donde puede hacerse investigación. Un solo curso anual de enseñanza de la historia, y  un seminario ocasional sobre divulgación museística, es sin duda mucho menos de lo que necesita la profesión realmente existente.

Por la otra, el problema —tanto o más grave— de la endogamia disciplinaria: el hecho de que casi todas las instituciones mexicanas sean autótrofas, o sea que empleen a sus propios estudiantes y publiquen casi exclusivamente a sus propias investigadoras. (Como botón de muestra, Ávila mencionó su propio caso —un ex alumno de la UNAM empleado por la UNAM—, así como el hecho de que el 80 por ciento de los profesores del Colmex son egresados del Colmex [véase la aclaración de Ávila en la sección de comentarios, donde se corrige para decir que se trata de los nuevos profesores nada más].) Eso quizá implica que en realidad no existe una comunidad historiográfica en México, sino más bien un conjunto fragmentado de feudos académico-profesionales. Pero esto en realidad es una discusión semántica: el problema de fondo es que el aldeanismo de las culturas académico-historiográficas mexicanas es un obstáculo formidable para la innovación disciplinaria y para la diversidad del mercado editorial historiográfico.

Naturalmente, la ponencia abordó otros muchos asuntos de los que no puedo ocuparme aquí. Y aunque es sin duda posible que Alfredo juzgue incompleta —o parcial— mi “escucha”, de lo dicho por él extraigo dos conclusiones preliminares. Primero, que las universidades no están cumpliendo el papel que se han adjudicado como generadoras de nuevo conocimiento y profesionales socialmente útiles. Y segundo, que es indispensable preguntarse —desde la sociología antes que desde de la historia o el “sentido común”— si dos mil historiadoras son menos o más de las que el país necesita, sobre todo a la luz de un otro dato ofrecido por Ávila: en Estados Unidos —el país «sin historia». como dice el lugar común— hay 90 historiadoras profesionales por cada millón de habitantes.