Nuestras guerras

por Bernardo Ibarrola *

El 20 de noviembre, Felipe Calderón inauguró la Plaza al servicio de la patria, monumento concebido para “rendir homenaje a los soldados y marinos” muertos “en operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico”. De las más de 60 mil muertes violentas causadas por el crimen organizado durante su sexenio, el gobierno decidió rendir homenaje a 205 personas fallecidas —los soldados y marinos— e ignorar o dejar para después a todas los demás. Las deducciones obvias a partir de este hecho son escalofriantes:

Primera. Si la Plaza al servicio de la patria es el monumento a los caídos en la guerra contra el crimen organizado, y éstos ascienden a 205, entonces las demás personas que han perdido la vida en este conflicto —es decir, 60 mil menos 205— formaban parte de las filas del crimen organizado o fueron víctimas del fuego cruzado.

Segunda. Puesto que el gobierno mexicano ha movilizado a cerca de cincuenta mil soldados y marinos en las operaciones de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la proporción de letalidad de esta lucha para las fuerzas armadas mexicanas ha sido, aproximadamente, de 1/250; es decir, una muerte por cada 250 personas participantes. Si esta proporción de letalidad fuera la misma para los integrantes del crimen organizado, entonces tendríamos que contar, aproximadamente, a quince millones de personas en sus filas, es decir, casi 14 por ciento del total de la población de México. Imposible, impensable.

Tercera. La relación de letalidad en las filas del crimen organizado debe ser muy superior a 1/250. ¿Por qué? Como todos percibimos empíricamente, la mayor parte de las personas fallecidas en esta guerra no pierde la vida en acciones de combate, más bien son asesinadas en situaciones de indefensión: la amenaza de la fuerza —no su uso— suele ser suficiente para someterlas, casi siempre castigarlas con torturas para luego, invariablemente, asesinarlas sin que puedan oponer resistencia, sin que puedan defenderse. Esta particular forma de ejercer la violencia es muchísimo más letal que el combate directo entre grupos armados.

Cuarta. La proporción de integrantes de la delincuencia organizada muertos en acciones de combate es casi marginal respecto del total, como demuestra la recién publicada investigación de Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas (que puede verse aquí) que establece que los caídos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad del estado entre 2008 y 2011 —la mitad del sexenio— fue de 800 personas, es decir, extrapolando la cifra de tres a seis años, 2.7 por ciento del total.

Quinta. Según la misma fuente, en estos enfrentamientos perdieron la vida 46 soldados y marinos, 60 policías federales y 10 policías locales. Esto es, que las bajas de los cuerpos policíacos casi doblaron a las ocurridas entre los militares.

Sexta. Si sólo el 2.7 por ciento de los integrantes del crimen organizado (o “sicarios” como se ha puesto de moda nombrarlos) son “abatidos” (por seguir con la misma chocante nomenclatura) en enfrentamientos abiertos con fuerzas de seguridad del estado, el resto (o 97.3 por ciento del total), ha perdido la vida en enfrentamientos con otros grupos delincuenciales (en realidad muy poco frecuentes) y, sobre todo, en operaciones de acecho-sometimiento-tortura-asesinato, que es, de lejos, la forma más difundida de lucha. La catastrófica situación que vivimos sería aún peor (si cabe) si las fuerzas de seguridad del estado practicaran también la guerra sucia, es decir, que participara también en esta forma de lucha.

En conclusión: el monumento que inauguró Calderón hace veinte días atestigua un enfrentamiento que ha provocado a lo largo de la última década (extrapolando las cifras de 2008-2011) 3 369 bajas en las filas del crimen organizado, 196 víctimas del fuego cruzado y 205 soldados y marinos caídos en el cumplimiento de su deber. Ésta es la guerra que Calderón quiere conmemorar, un conflicto que ha producido en realidad cerca de 3 800 víctimas, o cuatro mil y pico, si contamos a los policías, cuyas muertes no merecieron la memoria del presidente.

El problema es que, simultáneamente a este enfrentamiento, estaba ocurriendo otro, en el que bandas rivales se diezmaban hasta llegar a la cantidad aterradora de 56 mil muertos en seis años. Ese ha sido en realidad el conflicto que ha sufrido México: la guerra entre narcos, no la guerra contra narcos. Pero eso no lo quiso ver el presidente, no quiso detenerlo y, evidentemente, tampoco quiso conmemorarlo.